El Tribunal Supremo ha fijado para este jueves una audiencia preliminar antes del juicio por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, en la que escuchará las alegaciones de los tres procesados: el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Se trata de una comparecencia previa prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), cuyo artículo 785 determina que se “requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor”.
En consecuencia, Ábalos y Koldo, en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, deberán estar presentes físicamente en la sala y serán trasladados desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), aunque la intervención principal recaerá en sus letrados, que sostienen su inocencia y reclaman su puesta en libertad.
Así lo estableció el Supremo en una providencia con la que desestimó las peticiones cursadas por el exministro y su exasesor, que alegaban problemas de salud y solicitaban seguir la vista por videoconferencia desde el centro penitenciario.
Audiencia preliminar y cuestiones a resolver
En esta fase previa, las partes “podrán exponer lo que estimen oportuno” antes del inicio del juicio oral, de acuerdo con el citado precepto de la LECrim, que contempla cuestiones relativas a “la posibilidad de conformidad del acusado o acusados, la competencia del órgano judicial, la vulneración de algún derecho fundamental, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido, finalidad o nulidad de las pruebas propuestas”.
“Podrán igualmente proponer la incorporación de informes, certificaciones y otros documentos. También podrán proponer la práctica de pruebas de las que las partes no hubieran tenido conocimiento en el momento de formular sus escritos de acusación o defensa”, añade el mismo artículo.
Tras la celebración de la audiencia, el juez o tribunal “examinará las pruebas propuestas y resolverá admitiendo las que considere pertinentes y rechazando las demás”. Esta decisión se adoptará “de forma oral”, salvo que, “por la complejidad de las cuestiones planteadas”, se opte por resolver por escrito.
Penas solicitadas y delitos imputados
La Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama, una petición menor en su caso por haber reconocido los hechos delictivos que se le imputan. Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan la petición hasta 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma condena que el Ministerio Público.
Anticorrupción atribuye al exministro y a su exasesor presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. En el caso del empresario, aplica la atenuante de confesión y le imputa únicamente los tres primeros tipos penales.