El Supremo consulta a las partes sobre la petición de Torres y Armengol de declarar por escrito en el juicio a Ábalos

El Supremo pide a las partes que se pronuncien sobre la solicitud de Torres y Armengol de declarar por escrito como testigos en el juicio a Ábalos.

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El ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la sede de la Delegación de Economía y Hacienda, a 25 de julio de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). Isaac Buj - Europa Press

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El Tribunal Supremo (TS) ha dado traslado a las partes personadas después de que el ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, hayan solicitado declarar por escrito como testigos en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos por las presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia.

Mediante una providencia, recogida por Europa Press, los magistrados que enjuiciarán a Ábalos, al exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama han concedido un plazo de tres días a las acusaciones y defensas para que se pronuncien sobre dicha petición.

Tanto Torres como Armengol han invocado su condición de expresidentes autonómicos --de Canarias y Baleares, respectivamente--, además de sus actuales responsabilidades institucionales, para tratar de acogerse a la normativa que les permitiría quedar exentos de la obligación de comparecer físicamente en la vista oral y responder por escrito a las cuestiones que se les formulen.

Por este motivo, el alto tribunal requiere a las partes --defensas y acusaciones-- “sobre si el testimonio que ha sido declarado pertinente tiene relación con el ejercicio del cargo”. “Y, en su caso, el contenido sobre el que deberá versar el informe al que se refiere la norma invocada”, añade la resolución.

Según el calendario fijado para el juicio, está previsto que Torres y Armengol presten testimonio el próximo 22 de abril acerca de la adjudicación de contratos de suministro de mascarillas, cuando ocupaban las presidencias de Canarias y Baleares, a la empresa Soluciones de Gestión, considerada el presunto epicentro de la trama investigada.