El Tribunal Supremo examinará este jueves los recursos presentados por el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García contra su ingreso en prisión provisional, acordado por un riesgo "extremo" de fuga ante la proximidad del juicio por las supuestas irregularidades en la contratación de mascarillas, una vista oral que aún no tiene fecha señalada pero que se prevé para los próximos meses.
Para escuchar los argumentos de las partes en ambos recursos, la Sala de lo Penal ha fijado dos vistas consecutivas: a las 10.30 horas se tratará el recurso de Ábalos y, a las 11.00 horas, el de Koldo.
Ambos impugnaron la resolución dictada el pasado 27 de noviembre por el magistrado instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, que ordenó su ingreso en prisión provisional sin posibilidad de fianza.
En la vista, Ábalos estará asistido tanto por su anterior abogado, Carlos Bautista, que renunció a seguir con la defensa por "diferencias contractuales" con el exministro, como por su nuevo letrado, Marino Turiel, dado que el juez instructor dispuso que el primero acudiera a la comparecencia salvo que solicitase que no se celebrara.
En su recurso, al que tuvo acceso Europa Press, Ábalos reprocha al instructor un "uso irrazonable del derecho" al enviarlo a prisión con una "base de vaguedades y excusas procesales".
La defensa reclama a la Sala de lo Penal su puesta en libertad al negar que exista riesgo de fuga y argumenta que, "ante la ausencia de cualquiera de las finalidades propias de la prisión provisional, resulta inevitable no pensar en que la medida cautelar únicamente tiene como objetivo fomentar una declaración colaborativa al estilo de" la del tercer procesado por las mascarillas, el empresario Víctor de Aldama, "tras su paso por un centro penitenciario".
Sostiene, además, que el instructor no valoró adecuadamente la "realidad de los vínculos laborales, familiares y sociales" de Ábalos, subrayando que tiene un "hijo menor que está a su cargo los fines de semana" y que el exministro "tiene residencia fija en territorio español, sobradamente conocida por todos".
"Toda privación de libertad cautelar se sujeta al principio de excepcionalidad, siendo prioritaria la exploración de alternativas menos restrictivas. Cuando se pasa de una situación a otra sobre la base de vaguedades y excusas procesales, no se está respetando el artículo 17 de la Constitución española. El riesgo de fuga debe ser real, palpable y reconocible por cualquier tercero, incluso lego en derecho", señala el escrito.
La representación legal de Ábalos concluye que "cuando se aleja la medida adoptada de los límites del sentido común, se acerca a un uso irrazonable del derecho, que es, cabalmente, lo que aquí ha ocurrido".
Peticiones de hasta 30 años de cárcel
Por su parte, Koldo solicita igualmente al Supremo que acuerde su excarcelación y se ofrece a abonar una fianza para salir de prisión, alegando que el incremento de su patrimonio está "justificado" con sus ingresos y criticando que el auto de prisión provisional "asume las conclusiones de la acusación sin verificar la solidez de los elementos incriminatorios ni la justificación del riesgo extremo".
Su defensa niega que exista posibilidad de entorpecer la investigación, puesto que "las fuentes de prueba ya han sido recabadas y formalizadas", y descarta también la reiteración delictiva, al entender que "los hechos imputados están circunscritos a un contexto temporal y funcional específico (su posición como asesor de un aforado), del que ya se encuentra apartado por lo que la reiteración sería de todo punto imposible".
A ello suma que el instructor alude a "una supuesta ingente cantidad de dinero no encontrada sin sustento probatorio y silenciando el reembolso de gastos de la Secretaría de Organización del PSOE" de 127.000 euros "en los años analizados".
"Corroborado por dos testigos que por separado afirmaron que mi mandante era el responsable del manejo de ese efectivo procedente del PSOE, y por tanto de origen legal para él, lo que explicaría la procedencia del dinero utilizado por mi mandante", expone la defensa.
Del mismo modo, rebate la declaración del tercer procesado, Aldama, que aseguró entregar 10.000 euros mensuales a Koldo, al indicar que no tiene "corroboración patrimonial alguna ni ninguna otra prueba más allá de su simple declaración".
García recuerda igualmente que adelantaba gastos al exministro que "eran reembolsados posteriormente por transferencia bancaria o en persona, método de compensación a través de sobres (utilizando tres sobres para diferenciar los gastos del Ministerio, del partido y los personales de Ábalos)".
Y precisa que "ha quedado acreditado" que el "esfuerzo económico real" de Koldo y su expareja Patricia Uriz, investigada en la Audiencia Nacional, "que sí ha sido justificado con ingresos y ahorros lícitos, se redujo a 98.421 euros", siendo "el único capital propio que debe ser objeto de justificación de origen, quedando el resto cubierto por la deuda legalmente contraída".
Subraya también el "fuerte arraigo personal y familiar, injustamente desestimado", destacando que reside "con su hija menor de cinco años y atiende a su madre viuda de 86, impedida y necesitada de cuidados básicos para poder desenvolverse en el día a día", lo que, a su juicio, supone "un contrapeso" en "la valoración del riesgo de fuga".
En el plano de las penas solicitadas, la Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama. Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan su petición hasta los 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma condena que el Ministerio Público.