El Tribunal Supremo tiene previsto examinar este jueves los recursos presentados por el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García contra su ingreso en prisión provisional, acordado por un riesgo “extremo” de fuga ante la proximidad del juicio por las supuestas irregularidades en la contratación de mascarillas, una vista oral que aún no tiene fecha fijada pero que se espera para los próximos meses.
Para oír a las partes en ambos recursos, la Sala de lo Penal ha señalado dos vistas consecutivas: a las 10.30 horas se analizará la situación de Ábalos y, a las 11.00 horas, la de Koldo.
Ambos impugnaron el auto dictado el pasado 27 de noviembre por el magistrado instructor del “caso Koldo”, Leopoldo Puente, mediante el que se acordó su envío a prisión provisional sin posibilidad de fianza.
En la vista, Ábalos estará asistido tanto por su anterior letrado, Carlos Bautista, que renunció a seguir con la defensa por “diferencias contractuales” con el exministro, como por su nuevo abogado, Marino Turiel, ya que el instructor ordenó al primero acudir a la comparecencia salvo que solicitara que no se celebrase.
En el recurso, al que tuvo acceso Europa Press, Ábalos reprocha al juez haber hecho un “uso irrazonable del derecho” al enviarlo a prisión con una “base de vaguedades y excusas procesales”.
Su defensa reclama a la Sala de lo Penal que decrete su puesta en libertad al entender que no concurre un riesgo real de fuga y sostiene que, “ante la ausencia de cualquiera de las finalidades propias de la prisión provisional, resulta inevitable no pensar en que la medida cautelar únicamente tiene como objetivo fomentar una declaración colaborativa al estilo de” la del tercer procesado por las mascarillas, el empresario Víctor de Aldama, “tras su paso por un centro penitenciario”.
Según el recurso, el instructor no habría valorado adecuadamente la “realidad de los vínculos laborales, familiares y sociales” de Ábalos, subrayando que tiene un “hijo menor que está a su cargo los fines de semana” y que el exministro “tiene residencia fija en territorio español, sobradamente conocida por todos”.
“Toda privación de libertad cautelar se sujeta al principio de excepcionalidad, siendo prioritaria la exploración de alternativas menos restrictivas. Cuando se pasa de una situación a otra sobre la base de vaguedades y excusas procesales, no se está respetando el artículo 17 de la Constitución española. El riesgo de fuga debe ser real, palpable y reconocible por cualquier tercero, incluso lego en derecho”, señala el escrito.
La defensa concluye que “cuando se aleja la medida adoptada de los límites del sentido común, se acerca a un uso irrazonable del derecho, que es, cabalmente, lo que aquí ha ocurrido”.
Penas solicitadas de hasta 30 años de cárcel
Por su parte, Koldo solicita igualmente al Supremo que acuerde su excarcelación y se ofrece a abonar una fianza para abandonar la prisión, alegando que el incremento de su patrimonio está “justificado” con sus ingresos y criticando que el auto de prisión provisional “asume las conclusiones de la acusación sin verificar la solidez de los elementos incriminatorios ni la justificación del riesgo extremo”.
La representación legal de Koldo niega que pueda obstaculizar la causa, al considerar que “las fuentes de prueba ya han sido recabadas y formalizadas”, y también descarta riesgo de reiteración delictiva, dado que “los hechos imputados están circunscritos a un contexto temporal y funcional específico (su posición como asesor de un aforado), del que ya se encuentra apartado por lo que la reiteración sería de todo punto imposible”.
A ello suma que el instructor hace referencia a “una supuesta ingente cantidad de dinero no encontrada sin sustento probatorio y silenciando el reembolso de gastos de la Secretaría de Organización del PSOE” de 127.000 euros “en los años analizados”.
“Corroborado por dos testigos que por separado afirmaron que mi mandante era el responsable del manejo de ese efectivo procedente del PSOE, y por tanto de origen legal para él, lo que explicaría la procedencia del dinero utilizado por mi mandante”, añade la defensa.
El escrito subraya también que la manifestación del tercer procesado, Aldama, de que entregaba 10.000 euros mensuales a Koldo, carece de “corroboración patrimonial alguna ni ninguna otra prueba más allá de su simple declaración”.
García recuerda igualmente que adelantaba gastos al exministro que “eran reembolsados posteriormente por transferencia bancaria o en persona, método de compensación a través de sobres (utilizando tres sobres para diferenciar los gastos del Ministerio, del partido y los personales de Ábalos)”.
Además, indica que “ha quedado acreditado” que el “esfuerzo económico real” asumido por Koldo y su expareja Patricia Uriz, investigada en la Audiencia Nacional, “que sí ha sido justificado con ingresos y ahorros lícitos, se redujo a 98.421 euros”, siendo “el único capital propio que debe ser objeto de justificación de origen, quedando el resto cubierto por la deuda legalmente contraída”.
También recalca el “fuerte arraigo personal y familiar, injustamente desestimado”, señalando que reside “con su hija menor de cinco años y atiende a su madre viuda de 86, impedida y necesitada de cuidados básicos para poder desenvolverse en el día a día”, lo que, a su juicio, actúa como “un contrapeso” en “la valoración del riesgo de fuga”.
En el escrito de acusación, la Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama. Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan la petición hasta los 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.