El Tribunal Supremo ha decidido no incoar procedimiento penal contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por la difusión de las conversaciones privadas intervenidas al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el contexto de la conocida como “operación Kitchen”.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal concluye que no existen indicios suficientes de responsabilidad penal por parte de ‘Alvise’, aforado ante el alto tribunal por su condición de eurodiputado. El caso llegó al Supremo mediante una exposición razonada del Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, tras la querella presentada por Martínez y la denuncia de un periodista mencionado en esos chats.
Falta de base suficiente
La resolución subraya que la publicación de conversaciones intervenidas judicialmente y ya expurgadas puede motivar una investigación sobre el recorrido de la filtración y sus posibles autores, “pero, en lo que se refiere al aforado, los elementos aportados no proporcionan, por sí solos, una base bastante” que permita abrir causa penal.
En consecuencia, el Supremo concluye que no concurren indicios “fundados y razonables” de delito atribuibles al aforado que permitan, con relevancia penal, plantear su imputación.
El propio auto matiza que esta decisión se adopta “sin perjuicio de que la investigación pueda proseguir dirigida a determinar el origen de la filtración, su trazabilidad, los eventuales responsables y si el aforado tuvo acceso a la misma y supo de su extracción ilícita”.
La difusión de los chats en Telegram
La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid que elevó la exposición razonada al Supremo precisó que el 10 de julio de 2023 ‘Alvise’ Pérez difundió en su canal de Telegram los 23 chats completos que habían sido previamente expurgados por la Audiencia Nacional.
En paralelo, el Tribunal Supremo mantiene abiertas contra ‘Alvise’ cuatro investigaciones distintas: por un supuesto acoso a dos eurodiputados que concurrieron en su candidatura; por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña, Salvador Illa; por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert; y por la presunta financiación ilegal de SALF, vinculada a los 100.000 euros que habría recibido del empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘CryptoSpain’.
De este modo, aunque el alto tribunal descarta por ahora abrir procedimiento penal por la difusión de los chats de la ‘operación Kitchen’, el eurodiputado continúa bajo el foco judicial en varias causas distintas.