El Tribunal Supremo ha decidido admitir a trámite un recurso contencioso-administrativo que reclama, como medida cautelar, paralizar 3.000 millones de euros en préstamos estatales al 0% de interés concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Estos fondos están destinados a la prefinanciación de los dos principales programas de artillería incluidos en la estrategia de modernización de las Fuerzas Armadas diseñada por el Gobierno, según la documentación judicial consultada por Europa Press.
La petición de suspensión cautelar de dichos préstamos —que aún debe ser analizada y resuelta por el Alto Tribunal— se enmarca en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Santa Bárbara Sistemas, perteneciente a General Dynamics European Land Systems (GDELS), contra la decisión de otorgar estos créditos a la UTE de Indra y Escribano. El objeto del litigio son los programas de los obuses sobre ruedas, dotado con 1.181 millones de euros, y de los obuses de cadenas, presupuestado en 1.821 millones de euros.
Ambos préstamos figuran en el real decreto de 14 de octubre de 2025, en el que se fijan las normas reguladoras para la concesión directa de créditos destinados al desarrollo industrial de los programas especiales de modernización militar.
En conjunto, el Gobierno ha aprobado 14.224 millones de euros en préstamos a tipo de interés cero dirigidos a distintas compañías del sector para financiar por adelantado el desarrollo de los citados programas de modernización de las capacidades militares.
Los proyectos en los que interviene Indra —ya sea en solitario, en consorcio con otros socios o a través de contratos adjudicados a Hisdesat, sociedad que pasó a controlar desde el pasado martes— concentran 7.944 millones de euros en financiación pública. Por su parte, los programas vinculados a Airbus suman 4.030 millones de euros, incluyendo una iniciativa de 350 millones en la que participan conjuntamente Airbus e Indra, mientras que los encargos de Navantia alcanzan un total de 2.292 millones de euros.
Precisamente, los dos préstamos cuya suspensión cautelar se ha solicitado son los de mayor importe asignados a Indra, que asumirá el liderazgo de proyectos en diversos ámbitos (tierra, mar, espacio y ciberespacio). En cambio, los programas respaldados por Airbus y Navantia se concentran fundamentalmente en los dominios aéreo y naval, respectivamente.
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