El Tribunal Supremo ha reclamado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que “remita el expediente administrativo” relativo al real decreto de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Ejecutivo, y lo haga en el “improrrogable plazo” de 20 días.
La petición procede de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, que en una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa Press, acuerda admitir a trámite el recurso presentado por Hazte Oír contra dicho real decreto.
La asociación había instado al Supremo a suspender de forma cautelar la aplicación de la norma al entender que rebasa los márgenes legales y “altera de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos”.
En el recurso, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, se subraya que el decreto “producirá efectos directos sobre ámbitos materiales de la vida pública”, tanto en lo que concierne “a la defensa de los valores constitucionales y los principios democráticos como en lo relativo a la defensa de la familia”.
Según Hazte Oír, la regularización extraordinaria de migrantes genera efectos jurídicos “inmediatos”, entre ellos “la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo; el alta en la Seguridad Social; el acceso a prestaciones; y la suspensión de órdenes de expulsión firmes”.
“La aplicación de la norma crearía derechos consolidados o de muy difícil reversión, incluso en el supuesto de que la sentencia estimatoria se dicte en el futuro”, argumenta la organización en su escrito.
El Gobierno dio luz verde al real decreto el pasado martes. Según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se prevé que puedan acogerse 250.000 solicitantes de asilo y otras 250.000 personas en situación administrativa irregular, que podrán regularizarse mediante diferentes figuras de arraigo.