El Tribunal Supremo (TS) ha fijado en 79.942,70 euros el importe total de las costas del procedimiento en el que el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue condenado por un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Según consta en una diligencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el Alto Tribunal desglosa que la minuta del abogado de González Amador asciende a 64.778,78 euros, a los que se añaden 13.603,32 euros en concepto de IVA y 1.560,38 euros correspondientes a los honorarios profesionales de la procuradora.
En la sentencia se impuso a García Ortiz una pena de dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, el pago de 17.200 euros en concepto de indemnización y multa --cantidad que fue sufragada por la Unión Progresista de Fiscales tras una colecta--, además de la obligación de asumir las costas procesales.
El abogado de la pareja de Díaz Ayuso, Gabriel Rodríguez Ramos, presentó un escrito, al que también ha tenido acceso esta agencia, en el que alega “una evidente complejidad en ambas vertientes, material y procesal”, como base para justificar la cuantía de sus honorarios.
En dicho escrito, Rodríguez Ramos subrayaba que “nunca antes un fiscal general del Estado había protagonizado la filtración de información reservada obtenida en el ejercicio de su función jurisdiccional de una persona vinculada a un representante público del partido político rival del Gobierno que le nombró”.
Además, apuntaba a una “pluralidad de partes intervinientes en el procedimiento”, al aforamiento de García Ortiz, a la “destrucción” de archivos y al criterio de la Fiscalía, que se mostró favorable a la absolución del que fuera su máximo responsable.
Por estas razones, el letrado advertía de “la falta de referentes objetivos y transparentes para la cuantificación de los honorarios a efectos de tasación de costas” y añadía que ajustará la minuta conforme a “los criterios orientativos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid”.
Como ejemplo, Rodríguez Ramos valora en 250 euros la preparación de cada uno de los interrogatorios --cerca de una veintena-- y en 750 euros cada uno de los recursos de apelación presentados ante el tribunal.