El Tribunal Supremo encara el inicio de 2026 con una agenda cargada de procedimientos de alto impacto político e institucional, varios de ellos vinculados a la gestión pública durante la pandemia y a causas que afectan a cargos públicos y representantes electos.
Uno de los asuntos centrales es el futuro juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la contratación de mascarillas por parte del ministerio durante la crisis sanitaria. La vista oral aún no tiene fecha fijada, pero el camino hacia el banquillo quedó despejado en diciembre, cuando la Sala de Apelación del alto tribunal confirmó la decisión del instructor, el magistrado Leopoldo Puente, de enviar la causa a juicio.
Tanto Ábalos como García, en prisión provisional desde el 27 de noviembre, recurrieron su procesamiento. Sin embargo, los magistrados rechazaron sus impugnaciones al considerar que la práctica de nuevas diligencias no alteraría el “robusto arsenal indiciario” ya reunido y reprocharon a las defensas que intentaran retrasar el enjuiciamiento con argumentos de diversa índole.
En este procedimiento, la Fiscalía reclama penas de 24 años de prisión para el exministro, 19 años y medio para su exasesor y siete años para De Aldama. Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, elevan la petición hasta los 30 años de cárcel para Ábalos y García, manteniendo para el empresario la misma condena solicitada por el Ministerio Público. De cara a la vista oral, el exministro ha solicitado ser juzgado por un jurado popular y no por un tribunal profesional.
Más allá del caso de las mascarillas, Ábalos continúa investigado en otra pieza del denominado ‘caso Koldo’, también instruida en el Supremo, centrada en una presunta trama de cobro de comisiones vinculadas a adjudicaciones de obra pública. En esta causa figuran igualmente como investigados Koldo García y el exdirigente socialista Santos Cerdán. El instructor prevé continuar con la práctica de diligencias a la espera de varios informes pendientes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que analizan la actuación de empresarios y antiguos responsables de constructoras.
Alvise y la presunta financiación irregular
El alto tribunal mantiene asimismo abiertas varias investigaciones que afectan al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez. El dirigente ya ha declarado voluntariamente en tres de las cuatro causas en tramitación, mientras el Supremo aguarda la resolución de los suplicatorios remitidos al Parlamento Europeo para poder proceder a su imputación formal. Las diligencias se refieren, entre otros extremos, a una presunta financiación irregular de su partido SALF, a la supuesta difusión de una PCR falsa del entonces ministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y a un presunto delito de acoso contra la fiscal delegada de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.
A estos procedimientos se suma una causa por supuesto acoso y revelación de secretos contra dos eurodiputados que concurrieron a las elecciones europeas de 2024 en la lista de SALF y que se querellaron contra él. El Supremo ha ofrecido a Pérez la posibilidad de declarar de forma voluntaria y ha citado a los querellantes para el próximo 19 de enero.
Ex fiscal general
En el ámbito institucional, el tribunal también deberá pronunciarse sobre un eventual incidente de nulidad que pudiera plantear el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz contra la sentencia que le impuso dos años de inhabilitación, una vez firme la condena.
Procés
En paralelo a la actividad del Supremo, el Tribunal Constitucional afronta decisiones relevantes. Sigue pendiente la resolución de los recursos presentados por varios condenados del ‘procés’ contra la negativa del alto tribunal a aplicarles la amnistía por el delito de malversación. Entre los recurrentes figura el expresident Carles Puigdemont, que además ha solicitado al Constitucional que deje sin efecto la orden de detención nacional que continúa vigente sobre él.
También han recurrido al TC el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, todos ellos frente a la misma decisión del Supremo. Al margen de la cuestión catalana, el Constitucional deberá abordar la renovación de cuatro de sus magistrados, incluido su presidente, Cándido Conde-Pumpido, junto a María Luisa Balaguer, José María Macías y Ricardo Enríquez, cuyos mandatos expiraron el pasado 17 de diciembre.