El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 26 de enero la comparecencia del eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, para que declare de forma voluntaria por el presunto acoso a los otros dos eurodiputados que concurrieron en su candidatura.
Así se recoge en una providencia del magistrado instructor Manuel Marchena, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se acuerda la citación después de que 'Alvise' haya manifestado, según se indica, su disposición a acudir voluntariamente ante el alto tribunal.
Marchena se dirigió a 'Alvise' para preguntarle si estaba dispuesto a comparecer antes de que el Parlamento Europeo tramite y otorgue, en su caso, la preceptiva autorización, en el marco de la querella presentada contra él por los eurodiputados Diego Solier y Nora Junco por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos.
El Supremo ya había decidido admitir a trámite dicha querella contra el dirigente de SALF —en sintonía con el criterio de la Fiscalía—, registrada el pasado 27 de junio por ambos eurodiputados, que finalmente abandonaron la formación y pasaron a integrarse en el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, liderado por el partido Hermanos de Italia de Giorgia Meloni.
Esta es la cuarta causa que el alto tribunal mantiene abierta contra 'Alvise'. Hasta la fecha, se le investiga por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa; por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert; y por la presunta financiación ilegal de SALF, en relación con los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain'.
Los eurodiputados denuncian hostigamiento y temor por su seguridad
Los dos eurodiputados, que acompañaron a Iván Espinosa de los Monteros en la presentación de su Fundación Atenea, relataron que venían sufriendo una "continua campaña de hostigamiento" en redes sociales a raíz de los mensajes que 'Alvise' había difundido sobre ellos —en un 'podcast' y en un canal de Telegram—, hasta el punto de llegar a "temer por su integridad física" al haberse divulgado también los lugares en los que se encontraban o a los que se dirigían.
Ambos aseguraron y documentaron que, tras filtrarse sus direcciones de correo electrónico, sus números de teléfono y sus perfiles en redes sociales, comenzaron a recibir una "ingente" cantidad de mensajes ofensivos y/o amenazantes, lo que les generó "una continua sensación de inseguridad" y les llevó a modificar "sus hábitos o rutinas".
El Supremo precisa que los eurodiputados optaron por cerrar algunas de sus cuentas en redes sociales, en otras restringieron la posibilidad de que terceros comentaran, dejaron de responder llamadas procedentes de números desconocidos y empezaron a recibir "miles" de correos electrónicos con insultos y amenazas.
Según relataron, esa situación estaba afectando "significativamente" a "su labor parlamentaria y la propia de su ordinaria vida familiar", además "del constante miedo o intranquilidad que les generaba el poder ser abordados en ese contexto por la calle por cualquier desconocido".
El Supremo ve indicios de llamadas al hostigamiento
La Sala de lo Penal consideró que la actuación de 'Alvise' podría encajar en los delitos denunciados, "habida cuenta de las explícitas llamadas del mismo --ya personalmente en el mencionado podcast, ya a través del canal de la aplicación Telegram que lleva su nombre y que, indiciariamente, él mismo gestiona o dirige-- a que un grupo muy numeroso de seguidores expresara y desarrollara una actitud repetidamente hostil" hacia los eurodiputados.
Para el alto tribunal, "aparece indiciariamente justificado que a través de los mencionados canales, y para llevar a término su inicial propósito", 'Alvise' "pudo haber facilitado y hecho público aspectos personales e identificativos concernientes a dichas personas".
Todo ello, remarca el Supremo, se habría producido "sin que cesara en su actitud después de que muchos de sus seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de los querellados, reiterando sus llamamientos a que resultaran hostigados como reacción a su posición política".
El Tribunal Supremo apreció "una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera significativa, el normal desarrollo de la vida cotidiana de sus víctimas, a partir de la persecución que pudieran desplegar las numerosas personas que llegaran a sentirse concernidas por su llamamiento público".
En esa línea, el alto tribunal recuerda las palabras pronunciadas por 'Alvise' el pasado 20 de abril en el podcast 'Eclécticos Worldwide': "Perseguidles y pedirles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado".