El Tribunal Supremo (TS) ha decidido recabar la postura de las partes personadas después de que el ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, hayan solicitado declarar por escrito como testigos en el procedimiento contra el exministro José Luis Ábalos por las supuestas irregularidades en la contratación de mascarillas durante la pandemia.
Mediante una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados encargados de enjuiciar a Ábalos, al exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama otorgan un plazo de tres días a las acusaciones y defensas para que se pronuncien sobre dicha petición.
Torres y Armengol han invocado su condición de expresidentes autonómicos de Canarias y Baleares, respectivamente, además de sus actuales responsabilidades institucionales, con el objetivo de acogerse a la posibilidad legal de no acudir físicamente a la vista oral y responder por escrito a las preguntas que se les formulen.
Por este motivo, el alto tribunal requiere a las partes —defensas y acusaciones— “sobre si el testimonio que ha sido declarado pertinente tiene relación con el ejercicio del cargo”. “Y, en su caso, el contenido sobre el que deberá versar el informe al que se refiere la norma invocada”, añade la resolución.
En la planificación del juicio figura que Torres y Armengol comparezcan el próximo 22 de abril, con un interrogatorio previsiblemente centrado en la adjudicación de contratos de suministro de mascarillas, cuando presidían Canarias y Baleares, a la mercantil Soluciones de Gestión, considerada el núcleo de la trama investigada.
Koldo reclama que los testigos acudan al juicio
La defensa de Koldo se ha posicionado en contra de que ambos testigos respondan por escrito, al entender que “revelar el pliego de cuestiones de forma anticipada supondría 'preparar' a los testigos, eliminando la espontaneidad necesaria para que sus respuestas contribuyan a la búsqueda de la verdad material”.
En un escrito al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, sostiene que “solo el interrogatorio presencial garantiza que la defensa pueda reaccionar ante las respuestas de los testigos y confrontarlos con la realidad de lo acontecido”.
Según razona su letrada, Leticia de la Hoz, “la lectura de un pliego de respuestas pre-redactadas impide al tribunal observar la espontaneidad y el lenguaje no verbal de los testigos”, que son “elementos críticos para valorar la credibilidad de sus testimonios en una causa de esta trascendencia”, en la que Koldo se enfrenta --incide-- a peticiones de hasta 30 años de cárcel.
Su defensa recalca que una declaración por escrito “cercena” su derecho “a realizar un interrogatorio dinámico”, ya que “sin la posibilidad de repreguntar sobre la marcha ante respuestas ambiguas o evasivas, el interrogatorio pierde su finalidad constitucional”.
Además, la abogada advierte de que las cuestiones que dirigirá a Torres y Armengol no se circunscribirán a la gestión administrativa de las mascarillas durante la crisis sanitaria, sino que “abarcarán la totalidad de los hechos enjuiciados, con lo que no todo se ceñirá a cuestiones relacionadas con el ejercicio del cargo”.