El Tribunal Supremo (TS) ha acordado impulsar una “averiguación patrimonial” sobre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García tras constatar que no han abonado en plazo los 60.000 euros de fianza que el instructor fijó para cada uno de ellos de cara al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.
Según consta en una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Europa Press, el alto tribunal deja por escrito que ni el exministro ni su exasesor han consignado la fianza dentro del tiempo concedido. Por este motivo, ordena que se practique la citada averiguación de bienes a través del Punto Neutro Judicial.
El documento precisa que el depósito se estableció “para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele” a ambos al término del juicio, cuya vista oral arrancará el próximo 7 de abril.
En este contexto, se recuerda que Koldo García solicitó al Tribunal Supremo que se exigiera igualmente una fianza al empresario Víctor de Aldama, apelando a su “exuberante capacidad económica y solvencia material”.
No obstante, el magistrado instructor, Leopoldo Puente, rechazó esta petición al considerar que “las eventuales responsabilidades civiles que con ello tratan de asegurarse traerían causa de la posible comisión de ilícitos penales que solo a aquéllos --y no a Aldama-- se atribuyen por las acusaciones en esta causa especial”.
El juez se refirió a las posibles indemnizaciones que, en su caso, tendrían que afrontar Ábalos y Koldo a favor de las empresas públicas Ineco y Tragsatec, “constituyendo dichas responsabilidades civiles la parte notablemente sustancial de las posibles responsabilidades pecuniarias cuya satisfacción trata aquí de asegurarse cautelarmente”.
Cinco días de plazo y advertencia de embargo
El magistrado ya había impuesto el pasado mes de diciembre fianzas de 60.000 euros a cada uno de los dos investigados y les advirtió de que, si no ingresaban esa cantidad, “les serán embargados bienes en cantidad suficiente para asegurar dicha suma”.
Del mismo modo, en enero el Supremo volvió a requerir el pago y concedió un nuevo plazo de cinco días para que efectuasen el depósito de las fianzas, reiterando que, en caso de incumplimiento, “se procederá al embargo de bienes de su propiedad”.
En el plano penal, la Fiscalía interesa penas de 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para De Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan la petición hasta los 30 años de cárcel para el exministro y su antiguo asesor, mientras que para el empresario reclaman la misma condena que el Ministerio Público.
En sus escritos de defensa, tanto Ábalos como Koldo han sostenido su inocencia y han asegurado que no incurrieron en ningún delito en la presunta trama de mascarillas por la que se sentarán en el banquillo junto a De Aldama.