El Tribunal Supremo ha avalado íntegramente la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que, en 2022, impuso penas de hasta 8 años de prisión a una organización que defraudó más de 6 millones de euros a varios futbolistas extranjeros, entre ellos el exjugador del RCD Mallorca Pierre Webó. Además, confirma para una alta inspectora de Hacienda una multa de 18 millones de euros, equivalente al triple del beneficio ilícito obtenido.
La Audiencia madrileña declaró culpables a tres de los procesados y les impuso ocho años de cárcel por un delito continuado de estafa, otro delito continuado de falsedad en documento público, oficial y mercantil, y un delito continuado de aprovechamiento de información privilegiada procedente de un funcionario público.
En cuanto a la inspectora de la Agencia Tributaria, la sentencia inicial le fijó una condena de dos años de prisión como autora de un delito continuado de utilización por funcionario público de información privilegiada, junto con una multa de 18,8 millones de euros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya había ratificado el fallo y elevó la pena de prisión para la alta funcionaria hasta los seis años. Ahora, en una reciente resolución, el Supremo rechaza los recursos presentados por los condenados y declara la firmeza de la sentencia.
Los acusados fueron juzgados en marzo de 2022 por haberse apropiado de 6,3 millones de euros pertenecientes a deportistas de élite, cantidades obtenidas mediante devoluciones del IRPF que no habían sido solicitadas por los afectados y sobre las que los jugadores desconocían que tenían derecho a reclamarlas.
Entre las víctimas de la trama figuran los exjugadores del Real Madrid Sahin y Altintop y el exfutbolista del Atlético de Madrid Salvio, además del exmallorquinista Pierre Webó, que también jugó en Osasuna y Leganés; así como Marius Stankevicius (Sevilla, Valencia y Córdoba) y Emir Spahic (Sevilla).
El alto tribunal respalda la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que dio por probado que entre febrero de 2015 y noviembre de 2016 los implicados se sirvieron de dos sociedades para tramitar ante la Agencia Tributaria solicitudes de devolución de distintas cantidades de dinero a favor de jugadores de fútbol y baloncesto que habían competido en clubes españoles en ejercicios anteriores, sin que los deportistas tuvieran conocimiento de dichas gestiones.
En esencia, pedían la devolución derivada de la diferencia entre las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) soportadas por los jugadores, como contribuyentes residentes en España, y las cuotas que realmente deberían haber ingresado como no residentes, es decir, por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR).