El Tribunal Supremo ha ratificado la pena de 12 años de prisión impuesta a uno de los dos procesados por el conocido crimen de la autopista de Llucmajor, en el que un joven turista alemán perdió la vida tras ser arrojado a la calzada desde una furgoneta en marcha.
La Sala de lo Penal, en una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, rechaza el recurso de casación presentado por el penado contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que ya había confirmado la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial.
De este modo, el Supremo mantiene la condena de 12 años de prisión por un delito de homicidio para uno de los acusados, que pasa a ser firme al no caber nuevos recursos. El otro procesado, sobre el que ahora no se pronuncia el Alto Tribunal, fue sentenciado a 15 años de cárcel.
Los magistrados descartan los argumentos de la defensa del condenado, que sostenía, entre otros extremos, que durante el procedimiento se vulneraron sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.
La defensa también alegaba que en el juicio no se habían presentado pruebas suficientes para acreditar que su cliente actuó como coautor del homicidio, que, según su versión, habría ejecutado el otro hombre de forma “súbita e inesperada” y ante lo que él, que conducía la furgoneta, no pudo reaccionar.
En su escrito, añadía que, en todo caso, la responsabilidad de su defendido se limitaría a un delito de omisión del deber de socorro, al haber presenciado los hechos y abandonar a la víctima en una situación de grave peligro.
Sin embargo, el Supremo concluye que el mero hecho de que el acusado conociera el riesgo de que ocurriera exactamente lo que finalmente sucedió basta para atribuirle la condición de coautor de los hechos.
Esta participación, remarcan los jueces, queda corroborada por el hecho de que no detuviera la furgoneta pese a saber que la víctima se encontraba bajo los efectos del alcohol.
Otra de las cuestiones examinadas por el Alto Tribunal —ya debatida en instancias anteriores— ha sido la supuesta falta de imparcialidad de la magistrada-presidenta del tribunal, que, a juicio de las defensas, habría contaminado también la imparcialidad del jurado popular.
La representación del condenado sostenía igualmente que la jueza permitió que la acusación particular y la Fiscalía incorporaran al acta grabada las preguntas que habrían formulado a los acusados si estos hubieran accedido a responderlas.
El Supremo entiende que la sentencia del TSJIB deja claro que, sin entrar a valorar si la decisión de la magistrada fue o no adecuada, esta actuó con corrección al recordar a los acusados que no tenían obligación de contestar a las preguntas, y descarta que ello influyera en el criterio de los miembros del jurado.
Los hechos juzgados
El juicio por el llamado crimen de la autopista de Llucmajor se celebró a finales de 2024 en la Audiencia Provincial de Baleares y concluyó con un veredicto de culpabilidad para ambos acusados, aprobado por siete votos a favor y dos en contra.
Posteriormente, la magistrada impuso penas de 12 y 15 años de prisión, respectivamente, como autores de un delito de homicidio. Además, les obligó a indemnizar a los padres y a la hermana del fallecido con 197.677 euros y a asumir los costes del traslado del cuerpo, el sepelio y el funeral.
El jurado dio por probado que en la noche del 8 de octubre de 2022 los dos condenados circulaban en una furgoneta por la Playa de Palma cuando vieron a un joven de 20 años, de nacionalidad alemana, que se encontraba en evidente estado de embriaguez.
Lo hicieron subir al vehículo y, pasados dos o tres minutos, ya en la autovía Ma-19 en dirección a Palma, lo arrojaron por el lateral izquierdo de la furgoneta, abandonándolo en plena calzada, donde quedó inmóvil.
Instantes después, el joven fue atropellado por un turismo, cuyo conductor no pudo evitar el impacto, y sufrió múltiples politraumatismos que le causaron la muerte.
Según el veredicto, ambos acusados sabían que la víctima presentaba una intoxicación etílica de 2,41 gramos por litro y que, si la lanzaban a la carretera, existía una altísima probabilidad de que falleciera.