La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido no admitir a trámite la querella presentada por Vox contra la presidenta de Navarra, María Chivite, por varias adjudicaciones de contratos públicos, al concluir que no existen indicios de delito en su conducta.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el alto tribunal explica que el escrito de Vox no concreta hechos específicos imputables a Chivite que permitan sostener, ni siquiera de forma indiciaria, que diera instrucciones para alterar procedimientos de contratación, que participara de manera directa o indirecta en la valoración de ofertas, en la designación de las mesas de contratación o en la resolución de los expedientes administrativos.
El partido de Santiago Abascal atribuía a la presidenta navarra supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, todos ellos vinculados a la adjudicación de diversos contratos públicos.
Sin embargo, el Supremo subraya que “ni se presentan marcadores de que pudiera haberse beneficiado de dádivas, promesas, contraprestaciones, ventajas o beneficios vinculados causalmente a una actuación administrativa que le correspondiera ni, en definitiva, que exista un nexo objetivo entre su conducta y los delitos denunciados de cohecho, tráfico de influencias u otros”.
La querella se dirigía contra Chivite, aforada ante el Supremo en virtud de la Ley de Amejoramiento, y también contra el exdirigente socialista Santos Cerdán y el exasesor ministerial Koldo García, además de los funcionarios que hubieran intervenido en la tramitación de los contratos cuestionados. Según el relato de Vox, los querellados se habrían coordinado para favorecer a determinadas empresas en los procesos de adjudicación.
Contratos señalados en la querella
El tribunal resalta que la acusación no se apoya en documentación propia ni en pruebas aportadas por Vox, sino en determinados pasajes de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al magistrado del Supremo que instruye el 'caso Koldo'.
Entre las adjudicaciones citadas figuran la concesión administrativa y obra de la Mina Muga, para la explotación de un yacimiento de potasa en Sangüesa; las obras de adecuación de los lotes 4 y 5 del pabellón Navarra Arena, en Pamplona; un contrato de derribos y adecuación en la plaza de Los Fueros de Milagro; y un proyecto panadero en Huarte, todos ellos en territorio navarro.
Los magistrados indican que la vinculación de Chivite con estos contratos se basa únicamente en su cargo como presidenta del Gobierno de Navarra y en que, según sostiene Vox, habría mantenido cuatro reuniones entre 2020 y 2021 con Antxón Alonso, socio de Cerdán, además de mantener una estrecha relación personal y profesional con el propio Cerdán. Ambos, de acuerdo con la querella, serían titulares del capital social de la empresa Servinabar, que habría resultado adjudicataria de estos contratos.
Hechos que “carecen de concreción”
El auto concluye que los datos esgrimidos “carecen de concreción, individualización y soporte objetivo bastante, quedando anclados en un plano de sospecha genérica derivado de ostentar una posición institucional de máxima responsabilidad en la comunidad autónoma”.
El tribunal añade que también se apoyan en que Chivite hubiera “tenido una relación personal y profesional más o menos intensa con dos de los querellados, lo que no equivale necesariamente a haber participado o influido en adjudicaciones eventualmente irregulares que les hayan favorecido”.
En consecuencia, la Sala acuerda la inadmisión y el archivo de la querella, “sin perjuicio de que los hechos, en cuanto pudieran referirse a personas no aforadas y a actuaciones administrativas susceptibles de depuración penal, puedan suscitar su denuncia ante el órgano judicial territorialmente competente y ser investigados conforme a las reglas ordinarias de competencia”.