El Tribunal Supremo ha decidido no admitir a trámite una querella presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interpuesta tras publicarse una información en la que se sostenía que habría comunicado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba investigando al que fuera su asesor, Koldo García.
La Sala de lo Penal, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, acuerda el archivo de la querella “por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno”, resolviendo en sintonía con la postura defendida por la Fiscalía.
En su escrito, Vox atribuía al jefe del Ejecutivo supuestos delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia y encubrimiento, a raíz de esa información periodística.
Los jueces descartan abrir causa penal
Para los magistrados, “la sola publicación en un medio de comunicación de que el querellado observó un determinado comportamiento no puede justificar por sí sola la apertura de un procedimiento penal contra él”.
En la resolución se subraya además que “aunque la noticia se basa en la declaración del entrevistado, su relato no está acompañado de ningún dato objetivo que ampare mínimamente la veracidad de lo afirmado en sede periodística, ni se respalda con indicios o principios de acreditación que le presten apoyo”.
La información se originó a partir de unas manifestaciones de Ábalos a 'Okdiario', donde afirmó que Sánchez le comunicó personalmente en La Moncloa, en septiembre de 2023, que la UCO tenía bajo la lupa a su exasesor ministerial. Ese momento se sitúa cinco meses y una semana antes de que el denominado 'caso Koldo' se hiciera público en los medios de comunicación.
En su querella, Vox sostenía que “todo indica que el presidente del Gobierno recibió un 'chivatazo' o filtración institucional acerca de pesquisas policiales bajo secreto, información que no debía trascender fuera de los cauces oficiales”. A juicio del partido, “Sánchez confirmaba la existencia de la investigación y pudo alertar a entornos gubernamentales sobre el avance de un caso de corrupción de gran sensibilidad”, extremo que el Supremo no considera suficiente para abrir procedimiento penal.