El Tribunal Supremo ha comunicado este miércoles una modificación en la composición de la Sala que enjuiciará al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia. El magistrado Vicente Magro pasa a ocupar la plaza de Ana Ferrer por “necesidades del servicio”.
Así se recoge en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se detalla que la sustitución se acuerda “atendidas las necesidades del servicio, documentalmente acreditadas en modo suficiente”, siendo Magro “a quien por turno corresponde” ocupar el puesto de Ferrer.
Tras este ajuste, el tribunal quedará integrado por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Vicente Magro, Eduardo de Porres y Javier Hernández.
El cambio se ha hecho público en la víspera de la audiencia preliminar que celebrará el Supremo este jueves, a la que acudirán Ábalos, Koldo y Aldama para escuchar los argumentos de sus defensas, como paso previo al juicio por el llamado caso de las mascarillas, cuya celebración se prevé para el mes de abril.
Peticiones de hasta 30 años de prisión
El instructor de la causa, el magistrado Leopoldo Puente, acordó procesar a Ábalos, Koldo y Aldama al entender que los tres “se concertaron” para aprovechar la condición de ministro del primero y su “influencia” con el fin de “beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia”.
Puente también resolvió el pasado 27 de noviembre el ingreso en prisión provisional de Ábalos y Koldo al apreciar un riesgo “extremo” de fuga ante la cercanía del juicio.
La Fiscalía solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan la petición hasta 30 años de prisión para el exministro y su antiguo asesor, mientras que para el empresario reclaman la misma condena que plantea el Ministerio Público.
La Fiscalía Anticorrupción imputa al exministro y a su exasesor presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. En el caso de Aldama, aplica la atenuante de confesión y le atribuye únicamente los tres primeros delitos.