El exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama afrontan desde este martes un juicio en el Tribunal Supremo por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, vinculados al Ministerio de Transportes.
Ábalos y Koldo permanecen en prisión provisional desde el 27 de noviembre y ambos se declaran inocentes, defendiendo en sus escritos que no incurrieron en conducta delictiva alguna.
Sin embargo, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, sostiene que Ábalos, Koldo y Aldama “convinieron” servirse del puesto del entonces ministro –en el cargo desde junio de 2018– para “favorecer”, “a cambio del correspondiente beneficio económico” de los tres, la contratación con la Administración “en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería” el empresario, todo ello, a su entender, con “ánimo de enriquecimiento”.
En el escrito de acusación se subraya que los tres “acordaron la futura comisión de delitos conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando”, contando “apoyados de manera puntual o continua tanto por otras autoridades y funcionarios” de Transportes como por personas del entorno empresarial de Aldama y familiares de Koldo.
La Fiscalía describe que la presunta trama surgió “con innegable vocación de permanencia en el tiempo”, al haber operado varios años y proyectado su actividad ilícita en distintos ámbitos, siempre sobre una misma estructura, que solo empezó a debilitarse tras la salida simultánea de Ábalos y Koldo del Ministerio en julio de 2021.
Esa “cohesión” se habría reflejado, según Luzón, no solo en la supuesta comisión de diversos delitos, sino también en la concesión a Aldama de una “interlocución privilegiada” con Transportes, “otros departamentos ministeriales” y “diferentes administraciones públicas”.
Anticorrupción reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, además de una multa conjunta de 3,8 millones de euros.
Para Aldama solicita 7 años de cárcel y una multa de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, aplicándole la atenuante de confesión, ya que se declaró culpable en su escrito de defensa.
Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan la petición a 30 años de prisión para el exministro y su exasesor, mientras que para Aldama coinciden con la pena reclamada por la Fiscalía.
“El jefe” y el “alter ego” en la presunta trama
El Ministerio Público detalla que cada acusado desempeñó una función concreta dentro de la estructura, en un reparto de tareas “diverso y complementario”, y que tanto Koldo como Aldama “consideraban” a Ábalos como “el jefe”.
Luzón explica que el exministro “aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en el Ministerio de Transportes y su directa influencia cuando era precisa”, delegando en Koldo “su hombre de confianza” buena parte de las gestiones.
Para la Fiscalía, Koldo terminó siendo “más en asistente que en asesor”, al asumir para Ábalos múltiples encargos, “tanto profesionales como personales, lícitas e ilícitas”, antes, durante y después de los tres años de etapa ministerial.
En palabras del fiscal, “Koldo García fue el 'alter ego' de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del Ministerio hasta el punto de que, tanto en el propio Ministerio como en el seno de otras administraciones públicas, se sobreentendía que Koldo era el fiel transmisor de las decisiones y los deseos de Ábalos, habitualmente parapetado tras su asesor”.
El escrito incide en que “Koldo manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de Ábalos, que con frecuencia se confundían con las propias, actuando 'de facto' como testaferro de su superior en las actividades delictivas que bien pronto ambos acometieron al amparo de sus cargos con la colaboración, entre otros, del también acusado Víctor de Aldama”.
La “interlocución privilegiada” de Aldama y las presuntas contraprestaciones
Respecto a Aldama, señalado como supuesto conseguidor, Anticorrupción lo describe como “un empresario español, con intereses en un buen número de sociedades, vinculadas a variados sectores, tales como el inmobiliario, el hostelero y el de la venta de hidrocarburos”, destacando su “acceso preferente” al exministro.
Esa “interlocución privilegiada” habría facilitado que conociera de primera mano las necesidades de compra de material sanitario en plena crisis del coronavirus, localizara la empresa idónea y preparara ofertas para captar contratos, inicialmente en Transportes y entidades dependientes, y posteriormente en las administraciones de Canarias y Baleares.
La Fiscalía sostiene que Aldama “era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a Ábalos y Koldo”.
Entre las presuntas ventajas recibidas, Luzón menciona “el pago continuado de elevadas cantidades de dinero” –10.000 euros mensuales– y el abono de alquileres de viviendas para ellos o sus parejas, algunas contratadas por compañías públicas.
Un macrojuicio en el Supremo con más de 70 testigos
La vista oral se celebrará en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, el mismo escenario del juicio del procés, y se ha programado en 13 sesiones, desde el 7 hasta el 30 de abril, con la citación de más de 70 testigos ante un tribunal presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.
Figuran como testigos el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que durante la pandemia lideraban los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares, respectivamente, comunidades que adquirieron mascarillas a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Aldama. En su caso, el Supremo ha autorizado que declaren por escrito, sin necesidad de acudir en persona.
Ábalos, Koldo y Aldama declararán al final de la vista, previsiblemente el 28 de abril. En la jornada inaugural se escuchará, entre otros, a un hijo del exministro, a un hermano de Koldo, a varios socios de Aldama y a una expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez.
También comparecerán ex altos cargos de Transportes, como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, además de empresarios y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que participaron en la investigación.
El tribunal encargado del enjuiciamiento estará compuesto, además de por Martínez Arrieta, por los magistrados Manuel Marchena, Andrés Palomo, Susana Polo, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.