El Tribunal Supremo (TS) ha respaldado la reclamación de un trabajador que ejerció como moderador de contenidos para la empresa CCC Barcelona Digital Services, subcontratada por Meta para supervisar publicaciones sensibles compartidas por usuarios de Instagram y Facebook.
En una providencia adelantada por “La Vanguardia” y a la que ha tenido acceso Europa Press, contra la que no cabe recurso, el alto tribunal rechaza el recurso interpuesto por la compañía y confirma la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Dicho fallo concluye que la visualización, durante toda la jornada laboral, de imágenes de violencia extrema, calificadas por la propia empresa como “altamente sensibles”, fue un factor clave en la alteración psíquica que acabó desarrollando el empleado.
La exposición continuada a hechos “claramente traumáticos” para cualquier espectador, como lo prueba que se encargue a los moderadores evitar que el público general llegue a verlos, generó en el trabajador, sin antecedentes de trastornos de pánico o ansiedad, una afectación psíquica relevante.
Para el TS no resulta posible, como pretendía la empresa, negar la “laboralidad” del daño alegando que el denunciante padecía una patología previa, basándose únicamente en que constaba una atención psicológica cuando era menor de edad.
Otros litigios en curso
La resolución del Supremo, que establece una relación directa entre el deterioro mental del empleado y las funciones de moderación que desempeñaba, adquiere especial importancia porque el año pasado más de una veintena de moderadores interpusieron una querella en Barcelona por hechos análogos.
En concreto, 29 moderadores de contenido de Facebook, Messenger e Instagram en Barcelona se querellaron contra la matriz de estas plataformas, Meta, y contra su subcontrata en la ciudad, CCC Barcelona Digital Services, por los supuestos daños psicológicos derivados de la visualización continuada de material violento.
La querella, presentada por el abogado Francesc Feliu Pamplona, imputa a ambas sociedades un presunto delito continuado contra los derechos de los trabajadores, lesiones graves por imprudencia grave y un delito contra la integridad moral.
El escrito sostiene que los moderadores se vieron obligados a contemplar asesinatos, decapitaciones, descuartizamientos, violaciones, zoofilia, pornografía infantil, pedofilia, abusos a menores, desmembramientos, suicidios en directo, torturas y terrorismo, y que lo hicieron en turnos de 8 horas con únicamente 5 minutos de descanso por cada hora de trabajo.