El Tribunal de Cuentas ha decidido investigar "posibles irregularidades" en la gestión de los hospitales de la Comunidad de Madrid, después de que el PSOE presentara ante este órgano fiscalizador la supuesta condonación de más de 70 millones de euros a los grupos sanitarios privados Quirón y Ribera Salud.
Así se recoge en el escrito del Departamento 3º de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se acuerda incoar la pieza de Acción Pública a partir de la documentación remitida por los socialistas. Contra esta resolución cabe interponer recurso en el plazo de cinco días desde la notificación.
En dicho documento se solicita al PSOE —en concreto a su portavoz en la Asamblea, Mar Espinar— que detalle e individualice los posibles supuestos de responsabilidad contable de la Comunidad de Madrid en sus funciones de intervención, administración, custodia o manejo de bienes, caudales o efectos públicos.
Los socialistas basaron su iniciativa en una información de 'eldiario.es', que señalaba que entre 2017 y 2023 se habría dejado de registrar en el sistema de balance un total de 71,65 millones de euros en costes por tratamientos de pacientes atendidos en hospitales públicos procedentes de cinco hospitales concertados.
Según este medio, que cita un informe de la Consejería de Sanidad sobre la libre elección, la razón sería "no encontrar documentación de la actividad clínica".
Personación del PSOE en el procedimiento
El PSOE ha confirmado que se personará en la causa. El líder del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha manifestado a su llegada al Congreso Aslan2026 en Ifema Madrid que mientras Ayuso "desmantela la sanidad pública de los madrileños, está favoreciendo el negocio privado de unos pocos".
"No vamos a parar de denunciar lo que está pasando con la sanidad en Madrid y lo que está pasando con un grupo de sanidad, con el Grupo Quirón, que está siendo clarísimamente beneficiado por la Comunidad de Madrid, donde ha habido revisión de cantidades, donde ha habido pagos, ha habido desvío incluso de dinero que era para la residencia madrileña, es a pagar deudas con Quirón", ha señalado López.
En esta línea, ha insistido en que llegarán "hasta el final" en el Tribunal de Cuentas, en la Justicia, en el plano político, en la Asamblea y "donde haga falta porque los madrileños tienen que saber lo que están haciendo con su dinero, y con la sanidad pública".
Por su parte, en declaraciones remitidas a los medios, Mar Espinar celebra que el Tribunal de Cuentas "un paso más para demostrar que puede haber responsabilidad contable" del Ejecutivo autonómico al "perdonar a estas empresas privadas 71,6 millones de euros sin justificar".
El escrito dirigido al Tribunal de Cuentas
En el escrito registrado en febrero ante el Tribunal de Cuentas, al que tuvo acceso Europa Press, el PSOE incorpora la noticia de 'eldiario.es' y expone que, al revisar las Cuentas Generales de la Comunidad de Madrid de varios ejercicios, "o aparece ninguna rúbrica que pueda identificarse como deudas de concesionarias por balance intercentros, saldos pendientes por libre elección, derechos no registrados, etc".
Defienden que, si esos 71 millones hubieran generado un "derecho contable", deberían figurar en la Cuenta General, y sostienen que su ausencia es "o un error o una ocultación".
"Además, es la Consejería de Sanidad del gobierno de la Comunidad de Madrid la que ordena con qué programas y sistemas de información se debe recopilar la información para que los apuntes seas válidos en los "balances intercentros"; sin embargo, no se ha estandarizado la gestión de datos en los hospitales de gestión pública" apostilla.
Según argumentan los socialistas, esta falta de estandarización explicaría que no se pueda facturar ni a Quirón ni a Ribera Salud los servicios prestados a pacientes derivados desde los hospitales de las concesionarias.
Por ello, solicitan que se determine el saldo deudor o la posible ausencia de numerario o de justificación en las cuentas, así como la existencia de entidades públicas perjudicadas por los daños ocasionados a los fondos públicos, de forma que pueda iniciarse, en su caso, la reparación presupuestaria que corresponda a los gastos e ingresos públicos afectados.
La Comunidad de Madrid niega irregularidades
Desde la Consejería de Sanidad, en febrero se defendió que el informe citado "no es un informe oficial" sino "un documento interno de trabajo descontextualizado" cuya lectura "no refleja la realidad asistencial ni económica", ya que los datos proceden de un volcado informático preliminar "que no recoge todas las fuentes de información clínica disponibles".
Según precisaron entonces desde el departamento que dirige Fátima Matute, "no existe falta de documentación". "La actividad clínica está plenamente registrada y puede consultarse por múltiples vías --Horus, historia clínica electrónica, informes en papel y aplicaciones específicas, citan--, que son las utilizadas habitualmente por los inspectores de la Consejería de Sanidad. La trazabilidad está garantizada", han subrayado.