El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado este martes la resolución de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que impuso 11 años de prisión a dos vecinos de la isla, dedicados a labores de 'desokupación' de viviendas, por un delito de asesinato en grado de tentativa tras una brutal agresión ocurrida en Arona.
Con esta decisión, el TSJC desestima los recursos de apelación interpuestos por los condenados y mantiene para cada uno de ellos la pena de once años de cárcel, la inhabilitación absoluta, las órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima, un periodo posterior de libertad vigilada y la indemnización fijada a favor de los perjudicados, según detalla el propio tribunal en una nota de prensa.
El origen del caso se sitúa en una vivienda ocupada en la zona aronera de Chayofa. Los acusados pretendían que el afectado abandonara el inmueble y, de acuerdo con la sentencia, ya habían acudido días antes para presionarle con el fin de que se marchara. La resolución recoge que la víctima les contestó algo como "¿ustedes otra vez aquí?, creí que había quedado todo arreglado", lo que evidencia una tensión previa por la posesión de la casa.
El fallo señala que los procesados, según la Guardia Civil, intervenían en la gestión de este tipo de inmuebles y de su "okupación y desokupación violenta", mientras que el lesionado ocupaba la vivienda y se negaba a dejarla. También hace constar que un testigo declaró que la víctima residía allí abonando 300 euros mensuales, y que los acusados habrían acudido para recuperar o controlar la propiedad mediante el uso de la fuerza.
De acuerdo con los hechos probados, ambos actuaron de forma concertada y, en la tarde-noche del 14 de febrero de 2023, emboscaron a la víctima cuando salía de la vivienda ocupada, golpeándole en la cabeza con un objeto contundente y prolongando la paliza cuando ya se encontraba en el suelo e indefenso.
Lesiones extremas y tentativa de asesinato
La resolución judicial detalla unas lesiones de "extrema gravedad, con riesgo vital, varias intervenciones quirúrgicas y secuelas físicas y psíquicas relevantes". Añade que los acusados también agredieron a la hija del lesionado cuando ésta, que presenció todo, trató de interponerse para frenar la violencia.
La Sala descarta las quejas por supuesta falta de prueba y vulneración de la presunción de inocencia, al entender que hubo prueba testifical, pericial, documental e indiciaria bastante para sustentar la condena. Igualmente, respalda la calificación de tentativa de asesinato al apreciar ánimo de matar y alevosía, al tratarse de un ataque inesperado, planificado y ejecutado contra una persona que no tuvo posibilidad real de defenderse.
El tribunal considera "proporcionada" la pena impuesta y confirma la responsabilidad civil, que contempla una indemnización de 250.000 euros para la víctima principal, 1.000 euros para la otra perjudicada y la compensación de las secuelas que se concreten en la fase de ejecución de sentencia. La resolución ordena además la deducción de testimonio por si alguno de los testigos hubiera incurrido en falso testimonio.