La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ratificado la absolución del exinspector jefe de Policía que relacionó inmigración y delincuencia, al entender que prevalece su derecho a la libertad de expresión.
Así se recoge en la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el tribunal rechaza el recurso de apelación formulado por la Fiscalía, al que se sumaron “Cim Burkina” y “València Acull”, contra el fallo de la Audiencia Provincial que exoneró al antiguo mando policial.
Con esta decisión, el alto tribunal valenciano respalda los razonamientos de la Audiencia, que consideró que las palabras del acusado se enmarcan en el ejercicio de su libertad de expresión, y confirma íntegramente la sentencia de primera instancia.
El TSJCV precisa en su fallo que las opiniones y valoraciones del acusado, aun resultando en buena parte discordantes con los datos sociológicos y formuladas con escaso respeto, “no es de una intensidad tal que tales opiniones no deban gozar de protección constitucional dado que tratan de un tema de relevancia pública y que afecta al conjunto de los ciudadanos, no alcanzándose el umbral de ‘lo intolerable’”.
“Cabe decir que --añade el tribunal--, dado el ámbito y los términos en que comunicó sus opiniones al respecto del tema de la relación entre delincuencia e inmigración ilegal, un castigo penal del acusado limitaría injustificadamente su libertad de expresión”.
El exinspector, Ricardo Ferris, ya había sido absuelto por la Audiencia Provincial —y ahora por el TSJCV— por unas manifestaciones realizadas el 14 de octubre de 2022 en el Ateneo Mercantil de València, durante una Jornada sobre Inmigración y Seguridad Ciudadana organizada por Fundación para la Defensa de la Nación Española y VOX Cortes Valencianas.
En ese acto, el acusado, representado por el letrado Juan Carlos Navarro, pronunció una conferencia que fue grabada y posteriormente difundida en la red social Youtube. En su intervención afirmó que “inmigración ilegal es igual a delincuencia” y sostuvo: “desgraciadamente, a día de hoy, nos guste o no nos guste, la práctica totalidad de los detenidos que hace la policía y la Guardia civil son extranjeros, son gente que viene de fuera, en el sentido un poco más amplio de la palabra”.
Asimismo, añadía, entre otras expresiones: “No estoy hablando simplemente de estos tipos que llegan en las pateras, que muchos de ellos son delincuentes. Hace poco estaba hablando con dos policías míos que han estado en Frontex, una unidad que supuestamente está destinada al control de los tráficos de inmigración y los dos me han confirmado que es un paripé. No confiemos en Frontex porque no sirve absolutamente para nada”.
Durante el juicio, Ferris admitió haber pronunciado esas frases y aseguró que desconocía que estaba siendo grabado y que su charla acabaría en Youtube. Señaló que acudió al evento a título personal, en calidad de delegado del sindicato policial Jupol, y afirmó que siempre se había mostrado contrario a la política. Justificó sus aseveraciones en estadísticas.
Relató que no pretendía sostener que todos los extranjeros fueran delincuentes, aunque mantuvo que “pero delincuentes es igual a inmigración ilegal”. También negó ser racista, alegando que esa imagen no se correspondía con la realidad y que, por el contrario, se definía como un “activista social que ayudaba a la gente”.
La Audiencia Provincial, tras la vista oral, acordó absolverle al considerar que debía prevalecer la libertad de expresión. En su sentencia subrayaba que, aunque en la conferencia se aludiera a datos sobre el número de extranjeros detenidos o implicados en determinados delitos, “el contenido y la línea general del discurso se dirigía a valorar la gravedad de la delincuencia y su relación con la inmigración, y a emitir juicios de valor sobre lo que debería hacerse”.
En esta línea, la Audiencia concluía que predominaba la exposición de ideas y opiniones frente a la mera comunicación de hechos, “que en este caso no son más que el sustento de la tesis del conferenciante”. Y precisaba: “Lo que no quiere decir que no deba valorarse la posible mendacidad cuando se detecta que ciertas afirmaciones no se corresponden con las estadísticas oficiales. Pero no desde el punto de vista de la libertad de información, sino desde los límites a la libertad de expresión”. El TSJCV asume ahora estos razonamientos y los hace suyos.