La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha avalado sin cambios la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cáceres contra dos procesados por siete delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución lucrativa y vulneración de los derechos de ciudadanos extranjeros.
El fallo mantiene así la pena de seis años de cárcel por cada uno de los delitos atribuidos a los dos condenados, fijando un máximo de 18 años de prisión. Además, se ratifica la prohibición de comunicarse o acercarse a las víctimas durante 10 años, la imposición de una medida de libertad vigilada de 5 años una vez cumplida la pena de prisión y el abono de indemnizaciones individuales de entre 3.000 y 8.000 euros a cada una de las afectadas.
La resolución considera probado que los acusados reclutaron en Colombia a varias mujeres jóvenes en una situación de extrema precariedad económica, ofreciéndoles la posibilidad de ganar dinero en España. Según recoge la sentencia, actuaron “con la finalidad de obtener beneficios económicos con la prostitución ejercida por mujeres en situación de necesidad”.
Los condenados asumían el coste de los billetes de avión, les facilitaban efectivo para aparentar solvencia en el control fronterizo y les daban indicaciones precisas para sortear posibles controles policiales.
Una vez en territorio español, las mujeres estaban obligadas a devolver de inmediato esas cantidades. Tras su llegada, eran conducidas a una vivienda controlada por los acusados, donde se realizaban fotografías para anuncios sexuales y se imponían condiciones laborales claramente abusivas.
La resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, detalla que las víctimas debían permanecer disponibles “al menos, seis días a la semana durante las veinticuatro horas” y que los acusados se apropiaban del 40% de cada servicio. Además, las mujeres cargaban con una deuda artificialmente incrementada, situada entre 2.000 y 3.000 euros, que incluía el coste de los vuelos, diversos gastos y supuestas gestiones.
Las afectadas eran sometidas a un control permanente mediante cámaras de vigilancia y teléfonos móviles con sistemas de geolocalización, a los que los acusados accedían de forma remota. La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.