El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha fallado a favor de los bomberos de la Comunidad de Madrid en el recurso presentado contra la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo por el desvío de alrededor de 40 millones de euros procedentes de las primas abonadas por las aseguradoras (UNESPA) entre 2019 y 2023.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala estima el recurso formulado por varios bomberos frente a la resolución del director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 de 18 de marzo de 2024.
Los recurrentes denunciaban que esos fondos se estaban destinando a sufragar gastos corrientes u ordinarios del servicio, una utilización que, tal y como subraya el tribunal, vulnera la normativa aplicable.
La resolución impugnada rechazaba la petición de que se dedicara “única, exclusiva e íntegramente a inversiones reales todo el importe recaudado mediante la contribución especial del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos de la Comunidad de Madrid prevista en la Dirección de Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos”.
Ahora, la Sala deja sin efecto dicha resolución y establece la obligación de la Comunidad de Madrid de destinar de forma exclusiva a inversiones reales en su Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos la totalidad de los ingresos obtenidos por la contribución especial regulada en los artículos 30 y ss. DSPEIS, impidiendo que se empleen en gastos corrientes u ordinarios del propio servicio o en otros servicios distintos.
Además, el fallo impone a la Comunidad de Madrid la obligación de dedicar a inversiones reales en su Servicio de Prevención y Extinción de Incendios las cantidades que no se hayan aplicado a ese fin entre los ejercicios 2019 y 2023, ambos inclusive, procedentes de la contribución especial por el establecimiento, mejora o ampliación del servicio.
La Sala recuerda que las contribuciones especiales no están diseñadas para sufragar el funcionamiento ordinario de los servicios públicos, sino para su creación, ampliación o modernización, lo que incluye la adquisición de material, vehículos, infraestructuras o equipos de protección.
Asimismo, el tribunal reconoce la legitimación de los bomberos para recurrir, al entender que un incremento de la inversión en el servicio tiene un impacto directo en su seguridad en el trabajo y en la eficacia del sistema de emergencias.