La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha puesto el foco en “las implicaciones legales, deontológicas y éticas que puede plantear el uso descuidado de las nuevas tecnologías”, en particular de la inteligencia artificial, al advertir de que un empleo fraudulento de estas herramientas en pleitos puede conllevar sanciones económicas por mala fe procesal.
El caso analizado se refiere a un recurso interpuesto en octubre de 2025 por una abogada que incorporó ocho referencias inexistentes a resoluciones del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Navarra y Tribunal Superior de Madrid. Pese a la gravedad de los hechos, la Sala ha acordado archivar el expediente sancionador incoado contra la letrada.
Los magistrados subrayan que “no nos cabe duda [de] que el uso descuidado de estas tecnologías en los procedimientos judiciales plantea importantes implicaciones deontológicas y, desde luego, es susceptible de integrar un claro ejemplo de mala fe procesal y de abuso del proceso”. Aun así, en este supuesto concreto han optado por no imponer multa.
El Tribunal justifica el sobreseimiento en la reacción inmediata de la abogada, que presentó dos escritos en los que asumía el error y pedía perdón. En uno de ellos, la Sala destaca que “en la singularidad del caso que nos ocupa, la inmediata reacción de la letrada excusando el error cometido determina que la Sala se incline por el archivo de la presente pieza separada sin imponer la correspondiente sanción pecuniaria, sirviendo la presente -quizá- de advertencia de las implicaciones legales, deontológicas y éticas que puede plantear el uso descuidado de las nuevas tecnologías”.
El 20 de febrero, el TSJN había acordado abrir una pieza separada por posible mala fe procesal para depurar las responsabilidades en las que hubiera podido incurrir la profesional. En ese momento, la Sala entendía que “esa actuación de la letrada constituía, además de una vulneración de la buena fe procesal, una falta de respeto a los magistrados, un desprecio de la función jurisdiccional que desempeñan y una perturbación del trabajo de este Tribunal”.
Cinco días más tarde, la abogada presentó un primer escrito en el que hacía constar “el sincero reconocimiento expreso del error sin voluntariedad, por falta de revisión y en la confianza del borrador preparado, la retirada íntegra y [la] solicitud de tener por no puestas las citas y transcripciones afectadas”. En ese mismo documento expresaba también “la más respetuosa y sincera disculpa personal y formal”.
Posteriormente, el 3 de marzo remitió un segundo escrito en el que, tras reiterar sus excusas, insistía en que el fallo se debió a no haber revisado de forma adecuada el recurso. En su petición, reclamaba el archivo de la pieza sancionadora, alegando que la mera incoación del expediente ya le había supuesto una importante lección profesional.
La resolución recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla multas de entre 180 y 6.000 euros para conductas de esta naturaleza, consideradas mala praxis procesal. En la fase de apertura de la pieza separada, la Sala ya había razonado que “esta irregularidad cometida por la letrada constituye, además de una vulneración de la buena fe procesal, una falta de respeto a los magistrados, un desprecio de la función jurisdiccional que desempeñan y una perturbación del trabajo del tribunal, por tener que enjuiciar las consecuencias de tal injustificada irregularidad (como ya ha mantenido la Sala Primera del Tribunal Constitucional)”.
El TSJN concluye que la utilización de tecnologías emergentes y de contenidos generados por inteligencia artificial en el ámbito judicial exige extremar las cautelas para asegurar un uso responsable. A su juicio, “lo que impone una verificación adicional, puesto que la revisión y validación de los documentos legales seguirá siendo responsabilidad de los abogados para garantizar la precisión y el cumplimiento normativo”, remarca la Sala.