El TSXG ratifica la pena al dueño de un concesionario de Ourense por estafar 100.000 euros a un matrimonio

El TSXG confirma dos años de cárcel para el dueño de un concesionario de Ourense que estafó 100.000 euros a un matrimonio con falsos coches e inmuebles.

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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha ratificado íntegramente la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Ourense contra el propietario de un concesionario que engañó a un matrimonio y se apropió de 100.000 euros. La resolución mantiene la pena de dos años de prisión, además de una multa económica y la obligación de reintegrar la totalidad del dinero a los afectados.

El condenado, de 35 años, era el responsable de un negocio de compraventa de vehículos de segunda mano situado en un polígono industrial de San Cibrao das Viñas, en la provincia de Ourense.

De acuerdo con la sentencia, los hechos arrancan en mayo de 2022, cuando el matrimonio se puso en contacto con el acusado para comprar dos vehículos. Ambas partes cerraron un acuerdo para la adquisición de dos furgonetas Renault Kangoo por un importe conjunto de 9.000 euros, cantidad que los compradores abonaron mediante transferencia bancaria el 4 de abril de 2022.

Con el paso de las semanas y al comprobar que las furgonetas no llegaban al destino pactado, los perjudicados reclamaron al procesado la devolución de los 9.000 euros. En noviembre de 2022, el acusado retomó el contacto con ellos y les propuso la compra de otras dos furgonetas por el mismo precio, oferta que el matrimonio volvió a aceptar.

El fallo detalla además que, en diciembre de 2022, el acusado planteó a la pareja la compra de un inmueble en Mallorca, que supuestamente procedía de subastas, “a un precio muy ventajoso”. Tras remitirles fotografías de la vivienda e incluso su dirección exacta, consiguió que le realizaran una nueva transferencia por importe de 20.000 euros.

A partir de ese momento, el procesado continuó ofreciendo más bienes inmuebles, siempre presentados como procedentes de embargos, y fue logrando sucesivas transferencias hasta alcanzar un total de 100.000 euros, tanto por operaciones de vehículos como de propiedades inmobiliarias, sin que los compradores llegasen a recibir ni los coches ni los inmuebles prometidos.