Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado “yonki del dinero”, ha negado ante el tribunal haber percibido comisiones en la pieza E del caso Imelsa y ha reiterado que manipuló las grabaciones que dieron origen al procedimiento: “En esa época contaba muchas mentiras”.
Benavent ha realizado estas manifestaciones durante su declaración como investigado en la pieza E, en la que se sienta en el banquillo junto a Vicente Burgos, exgerente de la Fundación Jaume II el Just, y tres representantes legales y/o apoderados de distintas mercantiles adjudicatarias del Ayuntamiento de València.
Esta parte del procedimiento se centra en supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre 2003 y 2007, etapa en la que la responsable del área era la ya fallecida María José Alcón.
En esta pieza, a Benavent se le piden seis años y medio de prisión por delitos de cohecho —en calidad de cooperador—, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita para él una multa de 29.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante varios años.
El exgerente de Imelsa ha optado por contestar únicamente a las preguntas de su letrado, Juan Carlos Navarro, y del tribunal. Ha subrayado que su incorporación a la Fundación Jaume II se produjo por decisión del entonces conseller Esteban González Pons, quien “conocía de mi experiencia en el Ayuntamiento de Xàtiva, donde era concejal, y me contrató como persona de confianza, como enlace. Fue en los años 2003 a 2007”, ha señalado.
Según ha explicado, su función principal se centraba en un expediente relativo al traslado de un claustrillo ubicado en Madrid, un asunto “complicado” y que “tardó en ejecutarse cuatro años”. “Al ser tan complicado —ha añadido— González Pons me quiso entre su gabinete y la fundación”.
En este sentido, Benavent ha precisado que, aunque su puesto estaba en dependencias del gabinete del conseller, en ocasiones se desplazaba a la sede de la fundación. Ha asegurado que “claro” que realizó trabajos para la entidad y que por ellos percibió su remuneración. De este modo, ha desdicho lo declarado en fase de instrucción, alegando que aquellas manifestaciones se produjeron “bajo influencia emocional”.
“La estrategia de mi defensa anterior era salpicar a todo el mundo, salpicar al PP en todo lo posible, meter a todo el mundo que pudiera ser en todo el proceso”, ha remarcado ante el tribunal.
Sobre sus tareas en la fundación, el investigado ha mencionado “reuniones, preparación de expedientes y viajes”, entre otras actividades.
Preguntado expresamente por si cobró dinero o “algo” de empresarios o adjudicatarios de contratos municipales en aquel periodo, Benavent ha respondido que “no”. Ha añadido que tampoco recibió instrucciones de empresarios para influir en la mesa de contratación o de valoración. “No he recibido ninguna instrucción de nadie. No sé quién estaba en la mesa de contratación”, ha apostillado.
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