En octubre de 2013, una serie de correos electrónicos intercambiados entre representantes del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y la Asociación Española del Sector del Papel y del Cartón (ASPAPEL), incluidos en el sumario del ‘caso Montoro’, indican que Francisco Granados, exlíder del PP, estaba ‘pendiente de instrucciones’ para promover en el Senado la inclusión del sector papelero en la exención del impuesto sobre la electricidad.
Estos correos, parte de un informe de los Mossos d’Esquadra al juez de Tarragona al que accedió Europa Press, señalan que el entonces senador del PP, condenado posteriormente e imputado en varios casos de corrupción, ‘estaba al tanto del tema’.
El primero de estos correos fue enviado por Alicia Asenjo, de la Secretaría del secretario general de Industria y de la PYME, a Miguel Ferre, entonces secretario de Estado de Hacienda. En él, en nombre de Luis Valero, se recordaba a Ferre sobre una enmienda ‘presentada por el grupo socialista de interés para la asociación ASPAPEL’, que solicitaba la inclusión de la pasta de papel y el cartón en las bonificaciones del impuesto eléctrico ‘en base al artículo 17 de la Directiva Europea, argumentando que dicho sector supera el 3% de su valor de producción’.
‘El pasado 30 de septiembre te pasé una enmienda sobre fiscalidad del impuesto eléctrico que ha presentado el sector papelero. Al parecer tiene peligro de que no prospere y se sentirían discriminados de no aprobarse, ya que sería el único sector industrial significativo que con consumos eléctricos parecidos a otros no tendrían la bonificación’, comunicaba Valero a Ferre. Luego añadía que ‘al parecer el senador del PP Francisco Granados está al tanto del tema’. ‘Y está pendiente de vuestras instrucciones’, concluyó, esperando sus ‘noticias’.
El segundo correo, enviado por Carlos Reinoso, director general de ASPAPEL, a Ferre, agradecía la atención para ‘buscar la forma de incluir al sector papelero en las exenciones al impuesto eléctrico en la Ley de Fiscalidad Ambiental’. ‘Aunque entendemos que el Artículo 17 de la Directiva 2033/96 permite a los Estados miembros eximir del impuesto mínimo a sectores como el nuestro con alto coste energético, para evitar ningún tipo de problemas creemos que la mejor solución sería añadir una coletilla a la enmienda presentada por CiU en el Senado que estipulase que ‘en cualquier caso el impuesto aplicado no podrá ser inferior a los niveles mínimos prescritos en la Directiva Europea’, lo que blindaría su legalidad ante Bruselas’, explicaba Reinoso a Ferre.
Reinoso expresó que esperaba ‘sinceramente’ que pudieran ‘apoyar esta solución’. ‘Y que así lo transmitas con urgencia a vuestro Grupo en el Senado pues la votación es mañana. Gracias por adelantado y un cordial saludo’, añadía Reinoso, con copia al correo de Granados en el Senado.