En el contexto del ‘caso Montoro’, varios correos electrónicos fechados en octubre de 2013 y compartidos entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y la Asociación Española del Sector del Papel y del Cartón (ASPAPEL) indican que Francisco Granados, exlíder del PP, estaba ‘pendiente de instrucciones’ para promover en el Senado la inclusión del sector papelero en la exención del impuesto sobre la electricidad.
Según la documentación, que incluye un reporte de los Mossos d’Esquadra al juez de Tarragona y al que Europa Press tuvo acceso, Granados, quien fue senador por el PP y más tarde condenado en casos de corrupción, ‘estaba al tanto del tema’. El primer email fue enviado el 7 de octubre de 2013 por Alicia Asenjo en nombre de Luis Valero, jefe de la Secretaría del secretario general de Industria y de la PYME, a Miguel Ferre, por entonces secretario de Estado de Hacienda.
En su comunicado, Valero le recordaba a Ferre sobre una enmienda ‘presentada por el grupo socialista de interés para la asociación ASPAPEL’, solicitando la inclusión de la pasta de papel y el cartón en la bonificación del impuesto eléctrico ‘en base al artículo 17 de la Directiva Europea, argumentando que dicho sector supera el 3% de su valor de producción’. Valero mencionaba que la enmienda podría no prosperar y expresaba preocupación por la posible discriminación del sector si no se aprobaba, ya que sería el único sector industrial significativo con gastos eléctricos similares sin dicha bonificación.
El segundo correo, enviado el 8 de octubre por Carlos Reinoso, director general de ASPAPEL, agradecía la atención de Ferre y sugería ‘buscar la forma de incluir al sector papelero en las exenciones al impuesto eléctrico en la Ley de Fiscalidad Ambiental’. Reinoso proponía añadir una ‘coletilla’ a la enmienda de CiU en el Senado que asegurase que ‘en cualquier caso el impuesto aplicado no podrá ser inferior a los niveles mínimos prescritos en la Directiva Europea’, para garantizar la legalidad de la medida ante la Unión Europea.
Los Mossos destacan en su informe que aunque la enmienda para incluir al sector papelero en la exención no fue contemplada en la Ley 16/2013, sí fue considerada en la Ley 28/2014, similar a lo ocurrido con el sector gasístico. Además, señalan que la empresa Ence Energía Y Celulosa, SA, vinculada a ASPAPEL, pagó unos 116.000 euros en 2013 a Equipo Económico, despacho asociado a Montoro.
Las investigaciones del ‘caso Montoro’, que comenzaron en 2018 bajo secreto, implican a más de treinta personas, incluido el exministro, por supuestos favores políticos a empresas, especialmente del sector gasístico, durante su mandato. Las pesquisas sugieren irregularidades en la tramitación de leyes y en la modificación del Impuesto de Actividades Económicas del sector gasístico, beneficiando a empresas que contrataron los servicios de Equipo Económico.