El dueño de una empresa de limpieza de Ciudad Real, procesado por presuntos abusos sexuales a una trabajadora con una discapacidad psíquica reconocida, ha rechazado las acusaciones y ha reiterado que la relación fue “real y querida por ambos”.
Así lo ha trasladado su letrado, Francisco Víctor, ante los medios de comunicación instantes antes del inicio del juicio, celebrado a puerta cerrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
En la vista oral, tanto la Fiscalía como la acusación particular han ratificado su solicitud de 15 años de prisión, además de el resto de medidas ya interesadas, entre ellas la prohibición de aproximarse y comunicarse con la denunciante y una indemnización de 30.000 euros por los daños psíquicos y morales.
La defensa, por el contrario, ha pedido la absolución libre del acusado, al considerar que los hechos se produjeron en el marco de una relación afectiva plenamente consentida.
Según ha indicado el abogado, la versión de su cliente “no ha variado desde el minuto uno” y mantiene que existió “una relación sentimental real, efectiva, querida por ambos” y que “el consentimiento era también real y efectivo”.
El letrado ha rechazado que hubiera abuso, violencia o aprovechamiento de una posición de superioridad, y ha sostenido que el procedimiento ha pasado de una denuncia inicial en la que se aludía a cierto grado de violencia a un debate centrado en la supuesta ausencia de consentimiento por las patologías psíquicas de la mujer, una tesis que, a su entender, carece de base.
En esta línea, ha recordado que la incapacidad civil declarada en 2016 se circunscribía al ámbito económico y a la suscripción de contratos complejos, y que los informes forenses de aquella época señalaban que la denunciante se encontraba orientada, con discurso coherente y con su capacidad para dirigir su vida personal intacta.
Por ello, ha defendido que su libertad sexual no se veía suprimida ni resultaba incompatible con el diagnóstico de retraso mental leve.
El abogado ha añadido que asumir que una persona con retraso mental leve carece de forma automática de capacidad para consentir supondría que cualquier relación íntima podría convertirse en una acusación de agresión sexual.
También ha subrayado que la denuncia se presentó tras un conflicto familiar vinculado a cuestiones económicas, momento en el que la relación sentimental habría salido a la luz.
Los hechos que se juzgan
De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, la mujer, empleada de la empresa de limpieza desde 2004, habría mantenido con el acusado, propietario de la compañía, una relación sentimental paralela a su matrimonio entre 2019 y febrero de 2023.
La Fiscalía relata que, entre julio de 2022 y febrero de 2023, los encuentros pasaron a ser de carácter sexual y se habrían producido en distintos centros de trabajo, en la oficina del empresario e incluso en su domicilio particular.
El Ministerio Público sostiene que el acusado, conocedor del 65% de discapacidad psíquica reconocida a la trabajadora y de su especial vulnerabilidad, se habría aprovechado de esa situación para mantener relaciones sexuales, al considerar que la mujer no estaba en condiciones de otorgar un consentimiento válido.
Por estos hechos, el fiscal interesa una condena de 15 años de prisión, así como la imposición de medidas de alejamiento y prohibición de comunicación durante 20 años, además de una indemnización de 30.000 euros por los daños psíquicos y morales ocasionados.