Equipo Económico (EE), creado por el exministro Cristóbal Montoro y en el centro de la investigación que lleva su nombre, ha solicitado la anulación del proceso y ha acusado al juez instructor, Rubén Rus, de realizar una investigación desproporcionada y sin base legal.
En un recurso presentado, al cual Europa Press tuvo acceso, la defensa de EE solicita a la Audiencia Provincial de Tarragona que anule y deje sin efecto las resoluciones que dieron origen a este procedimiento. Estas incluyen el acto de entradas y registros donde se descubrieron, de manera accidental durante una diligencia para otra investigación, varios correos que implicaban al despacho.
Estos mensajes fueron hallados en un registro a la empresa Messer Ibérica, bajo investigación por otros delitos. Este descubrimiento accidental en agosto de 2018 motivó al Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona a abrir diligencias y comenzar a investigar en secreto.
Dichas investigaciones, que empezaron hace siete años, han resultado en la imputación de más de treinta personas, incluyendo a Montoro, por presuntos favores políticos a compañías, principalmente del sector gasístico, según el sumario al que accedió Europa Press.
Equipo Económico también argumenta que durante la entrada y registro, ante la aparición inesperada de los correos, «no se solicitó al juez una nueva autorización que legitimase la incautación de esos correos para que valorase si procedía ampliar la investigación a los nuevos hechos». Además, señalan que la captura de estos correos por parte de los Mossos fue una violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio consagrado en el artículo 18 de la Constitución.
En otro documento accesible por Europa Press, EE expresa que «no es la primera vez que» el despacho «y sus socios son sometidos a una investigación desproporcionada y sin el menor fundamento jurídico». Solicitan ser notificados sobre el último tomo del sumario y cualquier pieza separada que pueda afectar al despacho o sus asociados.
Destacan la importancia de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, crucial para discernir la naturaleza de los pagos recibidos por el despacho. Denuncian que no se ha proporcionado toda la documentación y que los informes disponibles están llenos de falsedades y opiniones sesgadas. Por ello, EE exige acceso inmediato a toda la causa principal y las piezas separadas relacionadas para poder ejercer adecuadamente su derecho a la defensa.