QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido una condena contra España por deficiencias en los procedimientos judicial y policial relacionados con un presunto caso de doble violación bajo efectos de sumisión química en Pamplona, ocurrido en 2016 y que no fue llevado a juicio.
En noviembre de 2023, se presentó una demanda ante este tribunal, que es la máxima autoridad judicial europea en derechos humanos y depende del Consejo de Europa, por parte de dos mujeres de Pamplona. Según informó su abogado, José Luis Beaumont Aristu, las jóvenes sufrieron una violación en diciembre de 2016 después de ser drogadas con burundanga, lo que les hizo perder la consciencia y la voluntad, quedando el caso sin resolver al ser archivado por los tribunales navarros sin juicio previo.
El veredicto del tribunal subraya que se comprometió el derecho de las víctimas a una investigación rigurosa y efectiva en un contexto de tratos inhumanos y degradantes, así como el respeto a su vida privada y familiar. El letrado destacó que hubo pérdida y manipulación de pruebas por parte de la policía, y un excesivo retraso en los procedimientos judiciales.
El Tribunal de Estrasburgo reprocha a España por «haber permitido el archivo del caso sin celebrar ningún juicio, después de que muchas de las pruebas que la Policía Nacional había recabado sobre los hechos desaparecieran totalmente en dependencias policiales». La decisión fue unánime entre todos los miembros del tribunal, quienes coincidieron en que se violaron los derechos de las víctimas a no sufrir tratos inhumanos o degradantes y a que se protegiera su integridad física y moral, además del derecho a un juicio justo y en un tiempo razonable, amparados por los artículos 3, 6 y 8 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y por el Convenio del Consejo de Europa contra la violencia hacia la mujer.
Como resultado, España deberá compensar a cada una de las víctimas con 20.000 euros por los daños psicológicos, morales y a la dignidad sufridos; además de abonar 5.000 euros por los costos y gastos del proceso judicial que alcanzó esta alta instancia europea.
El origen de esta sentencia se remonta a una noche de diciembre de 2016, cuando las dos mujeres se encontraban en un bar del casco antiguo de Pamplona y, de manera abrupta e inesperada, perdieron toda consciencia hasta despertar al día siguiente en un piso, en circunstancias altamente vulnerables y con evidencias de haber sido agredidas sexualmente.
