La Asociación de Usuarios de Criptomonedas ha expresado su apoyo a que el Tribunal Supremo solicite permiso al Parlamento Europeo para investigar al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez por supuesta financiación ilegal de Se Acabó La Fiesta (SALF), tras recibir 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo.
Según un documento revisado por Europa Press, la asociación ha respondido al requerimiento del magistrado instructor Julián Sánchez Melgar para que las partes se pronuncien sobre la pertinencia de pedir la autorización mediante un suplicatorio a la Eurocámara.
La entidad, actuando como acusación en nombre de las víctimas de una presunta estafa piramidal de la plataforma liderada por Romillo—Madeira Invest Club (MIC)—, ha afirmado que es ‘procedente solicitar dicho suplicatorio’ para avanzar en la investigación, que ya incluye declaraciones voluntarias de ‘Alvise’ y de Romillo, apodado ‘CryptoSpain’.
‘Por la gravedad de los hechos se hace necesaria la correcta tramitación de la causa, existiendo hechos suficientes para continuar la investigación del señor Pérez, siendo para ello necesaria la preceptiva autorización de la Cámara, mediante el correspondiente suplicatorio’, explicó la asociación, dirigida por el letrado Carlos Aránguez.
El protocolo sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea protege a los miembros de la Eurocámara de ser detenidos o sometidos a procedimientos judiciales, a menos que el Parlamento decida levantar dicha inmunidad.
INVESTIGACIÓN PRORROGADA HASTA MARZO
Después de que en agosto el magistrado instructor decidiera extender la investigación hasta marzo de 2026, el proceso espera la tramitación del suplicatorio al Parlamento Europeo.
En su declaración voluntaria el pasado 11 de julio, ‘Alvise’ admitió haber recibido 100.000 euros de Romillo, aunque negó que los fondos fueran destinados a la campaña de SALF para las elecciones europeas del 9 de junio de 2024. Por su parte, Romillo afirmó que el dinero era para la formación.
Un informe de la Policía Nacional indica que ‘Alvise’ utilizó los 100.000 euros para ‘financiar parte de la campaña electoral’, sugiriendo que el eurodiputado buscaba ‘fondos opacos’.