Una delegación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo se ha reunido este martes con miembros del Tribunal Constitucional (TC) para “conocer el papel” que desempeña la corte de garantías en la ley de amnistía y su relación institucional con el Tribunal Supremo.
Según ha informado el propio TC en una nota de prensa, el presidente Cándido Conde-Pumpido, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán y el magistrado Ramón Sáez Valcárcel han sido los encargados de recibir a los cinco eurodiputados de la misión en el Salón del Pleno de Domenico Scarlatti.
En ese comunicado, el TC precisa que durante el encuentro también se abordaron cuestiones relativas a la protección de los derechos fundamentales, la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial y la situación del Estado de derecho en España.
La delegación del Parlamento Europeo se ha desplazado esta semana a España para examinar la normativa anticorrupción vigente y otros aspectos vinculados al Estado de derecho, con el objetivo de elaborar un informe específico.
Los cinco integrantes de la misión son el presidente de la Comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, del PP; el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé; la eurodiputada holandesa de Renew (liberales) Raquel García Hermida-van der Walle; Alessandro Zan, del Grupo de Socialistas y Demócratas, y la belga Assita Kanko, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.
Su cometido es preparar un informe sobre la independencia del Poder Judicial en España y el marco legal de la lucha contra la corrupción, así como sobre la situación de la Fiscalía General, el papel de la sociedad civil y la calidad del procedimiento legislativo.
La Fiscalía expone su “difícil situación”
La misión europea mantuvo este lunes una reunión con representantes de asociaciones fiscales y judiciales. La mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) ha señalado este martes a Europa Press que expuso la “difícil situación de la Fiscalía” tras la condena del Supremo al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En esa línea, la AF denunció el “empecinamiento” de García Ortiz “en no dimitir cuando se le abrió procedimiento penal” y su “estrategia de defensa de enfrentamiento con el tribunal”.
Asimismo, la asociación manifestó que la “limitada reforma” del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal --una iniciativa del Gobierno que persigue, entre otros puntos, que la Fiscalía asuma la instrucción penal-- “en absoluto profundiza en la independencia” del Ministerio Público “ni establece control interno o contrapeso” al fiscal general.
La AF también hizo llegar a la delegación su inquietud por “la situación del Estado de derecho con las reformas” promovidas por el Ejecutivo. Entre ellas, citó “el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal” de jueces y fiscales sustitutos “sin pasar por una oposición y a través de un sistema que dejará margen para la subjetividad, en detrimento de los derechos profesionales de los fiscales más jóvenes”.
Diversidad de posturas en las asociaciones judiciales
Por otro lado, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) transmitió a los eurodiputados que, “pese a las numerosas reformas” impulsadas por el Gobierno en los últimos meses, “no se han consolidado mejoras estructurales” en la Administración de Justicia española. A su vez, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) censuró la “falta de dotación económica y de medios materiales y humanos” en los tribunales de instancia.
Roberto García Ceniceros, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), explicó a esta agencia de noticias que no acudieron a la reunión porque no fueron invitados.
“Cuando nos enteramos, pedimos poder asistir, y nos contestaron que la agenda ya estaba cerrada”, indicó el presidente de la asociación. FJI ha hecho constar por escrito su “disconformidad” y ha remitido otro documento con sus alegaciones.
En sentido contrario, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) trasladó a los eurodiputados que “la independencia judicial está garantizada en España, sin que se encuentre en peligro, como demuestran las múltiples investigaciones que se realizan sin novedad en ámbitos diversos, como el político, económico o social”.