Vitaly Vanshelboim, ex director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), se ha opuesto en la Audiencia Nacional a su extradición a Estados Unidos, argumentando que tiene un trasfondo político. EE.UU. le acusa de estar involucrado en delitos como soborno, asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Según las autoridades estadounidenses, Vanshelboim habría aceptado no menos de dos millones de dólares de un empresario británico a cambio de redirigir aproximadamente 60 millones en subvenciones y créditos destinados a proyectos de vivienda accesible, energía renovable e infraestructura sanitaria hacia empresas vinculadas a este empresario.
En la sesión sobre su extradición, la cual cuenta con el apoyo de la Fiscalía española, el ucraniano ha insinuado que esta solicitud se debe a que conoce «muchos secretos» de irregularidades por parte de funcionarios estadounidenses en Oriente Medio. A su vez, Vanshelboim ha defendido su inmunidad diplomática y ha alegado que no tenía control directo sobre las decisiones de inversión, las cuales eran responsabilidad de una superior. Además, ha destacado la existencia de extensas medidas de control burocrático.
La Fiscalía de España, en un documento citado por Europa Press, señala que los hechos en cuestión ocurrieron entre septiembre de 2015 y agosto de 2023. La suma de dinero implicada en este caso fue utilizada para realizar transferencias electrónicas a una cuenta bajo el control de Vanshelboim con el fin de integrarla en el sistema legal ordinario. Tras su arresto en marzo bajo una orden internacional de detención del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, la jueza María Tardón ordenó su prisión provisional dado el alto riesgo de fuga y la gravedad de los cargos.