QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Justo Vicente Pelegrini y Tomás Olarte, antiguos cargos de Acciona, han rechazado este miércoles las acusaciones de irregularidades en las obras obtenidas mediante Unión Temporal de Empresas (UTE) con Servinabar, empresa asociada al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, durante su declaración como imputados en el ‘caso Koldo’, que se lleva a cabo en el Tribunal Supremo (TS). Ambos han afirmado que el 2% que Servinabar recibía por estas colaboraciones era un porcentaje estándar.
De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales a Europa Press, tanto Pelegrini, quien fue director de Construcción de Acciona para España, como Olarte, todavía vinculado a la empresa aunque suspendido de sus funciones, han asegurado que los servicios se realizaron correctamente y que existen facturas que lo acreditan.
Además, han explicado que el 2% que Servinabar obtenía de cada proyecto no era una suma fija, sino el máximo beneficio que podía aspirar a ganar esta pequeña compañía en su asociación con el gigante constructor. Durante el interrogatorio a Pelegrini, se le preguntó por sus encuentros con Antxon Alonso, dueño de Servinabar, y con Cerdán. Estas reuniones se documentaron en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre este vínculo empresarial y con el exdirigente socialista, quien tendría un 45% de la empresa navarra.
Pelegrini ha situado estos encuentros en el contexto del proyecto ‘Mina Muga’ en Navarra, en 2015, donde la UCO cree que comenzó la relación empresarial y la supuesta trama de corrupción en adjudicaciones públicas. Según las fuentes, Pelegrini ha comentado que Cerdán asistía como ‘amigo’ de Alonso y como ‘agente social’ para discutir el impacto del proyecto en la zona.
Olarte, por su parte, ha declarado que solo conocía a Alonso por cuestiones de trabajo, negando cualquier relación con Cerdán, el exministro de Transportes José Luis Ábalos o su exasesor Koldo García, también implicados en la investigación.
FISCALÍA PIDE PROHIBIRLES SALIR DEL PAÍS
Tras las declaraciones, se han celebrado audiencias para determinar medidas cautelares. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que prohíba a los imputados salir del país, retirando sus pasaportes y exigiendo firmas quincenales en sede judicial, petición a la que se han unido las acusaciones populares lideradas por el PP.
