El abogado de la exedil de Móstoles ha presentado en el Tribunal de Instancia de la localidad una querella contra el alcalde, Manuel Bautista, y contra el PP a nivel nacional por la supuesta comisión de delitos de acoso sexual y laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.
El caso salió a la luz hace dos semanas a raíz de una información publicada por el diario 'El País', que desveló que la exconcejal había trasladado dentro de su propio partido una denuncia interna por presunto acoso sexual y laboral atribuido al regidor, sin obtener respaldo. Bautista defendió entonces su inocencia y aseguró que el relato "no se corresponde con la realidad".
En una rueda de prensa posterior, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, avanzó que el partido valoraría emprender acciones legales contra la exconcejala de Móstoles por actuar de "mala fe" y "prefabricar pruebas" contra la formación por una "vendeta personal", al haber grabado conversaciones después de que se formularan las acusaciones de acoso sexual contra el alcalde.
Respecto al procedimiento, el letrado Antonio Suárez-Valdés detalla que se trata de "un procedimiento de alta complejidad técnica al haberse producido una parte de los hechos en la intimidad de la víctima y su presunto acosador y al haber sido borrados los correos electrónicos oficiales de la víctima".
Según explica, la querella se apoya en "un nutrido soporte probatorio", con el que se intentará demostrar "la existencia, primero, de la presunta solicitud de favores de tipo sexual a la víctima por parte del querellado".
El abogado sostiene que el alcalde "pretendía tener una relación de tipo personal y segundo, ante el rechazo de esta, el desarrollo de un presunto patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad jerárquica, con el presunto objetivo de aislar e invisibilizar profesionalmente a nuestra defendida".
"Fracaso de mecanismos internos"
La acusación también pone el foco en "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular", lo que, según el letrado, ha llevado a la exedil "a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente".
En esta línea, el abogado subraya que "el silencio y la falta de respuesta de las personas jurídicas ante el abuso de poder constituye, en sí mismo, una forma de revictimización", y añade que "la ausencia de adecuada implantación de los protocolos de protección frente al acoso por parte de esas personas jurídicas puede generar su responsabilidad penal directa por los hechos acaecidos en el seno de sus organizaciones", de acuerdo con lo previsto en el Código Penal.
El letrado concluye que "ahora finalmente los hechos han sido puestos en conocimiento del juzgado junto con el ramo probatorio y es el momento de que hable la justicia" y remarca que "nuestro compromiso es garantizar que este proceso se desarrolle con el máximo rigor jurídico".
Dimite una alto cargo del equipo de la exconcejala
Sobre el caso, este martes la coordinadora de Digitalización, Nuevas Tecnologías y Archivo del Ayuntamiento de Móstoles, alto cargo incorporado en 2023 junto a la exconcejala que ha denunciado al alcalde, ha presentado su dimisión voluntaria, según ha adelantado el diario El País.
En una carta fechada el 16 de febrero de 2026, señala que su nombramiento estaba “directamente vinculado a la relación de confianza con la concejala de área” y que deja el puesto por “razones de coherencia institucional, responsabilidad personal y respeto a los principios que deben regir el ejercicio de los puestos de confianza”.
En el escrito, apela a un “deber de compromiso con la veracidad” y a la “honestidad” como motivos de su decisión, y afirma que busca “no interferir en el normal funcionamiento de la organización administrativa”.