El tribunal de la Audiencia Provincial de Cádiz, ubicado en Ceuta, ha emitido una sentencia el jueves pasado, sancionando a la exvicepresidenta de Ceuta, Mabel Deu, y a la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, por la devolución no autorizada de 55 jóvenes migrantes no acompañados a Marruecos en agosto de 2021, después de que una ola migratoria sin precedentes inundara la ciudad en mayo del mismo año.
La decisión judicial impone a ambas exautoridades una inhabilitación de nueve años para ocupar empleos o cargos públicos, tras determinar que sus acciones contravinieron la Ley de Extranjería y la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Estos sucesos se sitúan dentro de la denominada ‘crisis migratoria de mayo de 2021’, caracterizada por la llegada de cerca de 10.000 personas a Ceuta desde Marruecos en solo dos días, incluyendo a un millar de menores.
En el juicio, mientras la Fiscalía pedía una inhabilitación de 12 años para cada acusada, entidades como la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado y la Asociación L’Escola exigían hasta 15 años. Además, se aceptó la petición de retirarles los honores relacionados con sus antiguos puestos.
Las devoluciones, que tuvieron lugar entre el 13 y el 16 de agosto de 2021, se efectuaron en grupos diarios de 15 menores, sin los procedimientos adecuados de protección legal o intervención fiscal, amparadas erróneamente en un acuerdo bilateral de 2007 con Marruecos.
En la audiencia de junio, Deu y Mateos alegaron haber seguido órdenes del Ministerio del Interior, basándose en el acuerdo de 2007. Durante un tenso careo ordenado por la presidenta del tribunal, Rosa de Castro, emergieron dudas significativas sobre la gestión y legitimidad de las órdenes ejecutadas, especialmente por las declaraciones evasivas del entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.
La Fiscalía de Ceuta destacó que las repatriaciones se planificaron sin su conocimiento previo, alertando sobre el inicio de estas apenas un día antes de su ejecución.