En una reciente sesión en la Audiencia Nacional, cinco antiguos dirigentes de ETA han rechazado las acusaciones que les vinculan con el homicidio del concejal del PP, Jesús María Pedrosa Urquiza, ocurrido el 4 de junio del año 2000 en Durango (Vizcaya), así como con la política de expulsiones «forzadas» en el País Vasco.
Los acusados, que prestaron declaración a través de videoconferencia ante el juez Francisco de Jorge, se abstuvieron de realizar declaraciones sustanciales, limitándose a negar cualquier relación con los hechos imputados, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press.
Entre los citados se encontraban Ignacio Miguel Gracia, conocido como ‘Iñaki de Rentería’; Asier Oyarzabal, ‘Baltza’; Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’; Vicente Goicoechea, ‘Willy’; y Ramón Sagarzazu, ‘Ramontxo’. El magistrado Alejandro Abascal, antecesor de De Jorge, había decidido investigar a estos individuos, junto con otros cinco exdirigentes, por un delito de asesinato relacionado con actos de coacción y amenazas terroristas.
La decisión de investigar surgió tras aceptar una querella de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que señalaba que Pedrosa fue «una de las numerosas víctimas» de una política de expulsión «forzada del País Vasco dirigida por la zuba –el máximo órgano de dirección de ETA– bajo amenaza de muerte».
Abascal, en su auto, subrayó que el asesinato de Pedrosa no solo fue un acto terrorista, sino que «además una amplificación y un refuerzo de esa amenaza terrorista, formando parte de esa estrategia de terror continuada y no puntual, indiscriminada y persistente, hasta el año 2011». Por su parte, DyJ ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue no solo el homicidio, uno de los crímenes de ETA aún sin resolver, sino también las supuestas coacciones y amenazas terroristas contra Pedrosa Urquiza como parte de una política más amplia de expulsión forzada que afectó a entre 60.000 y 200.000 personas.