Francisco Toledo Lobo, expresidente de Puertos del Estado, y Álvaro Sánchez Manzanares, exsecretario general del organismo, han comparecido este miércoles como testigos ante el Tribunal Supremo y han afirmado que no recibieron indicaciones ni presiones de los acusados, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García ni el empresario Víctor de Aldama, para adjudicar a la empresa vinculada a este último la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
En su intervención, Toledo ha precisado que tuvo conocimiento del contrato con Soluciones de Gestión cuando le llamó “el secretario general” para informarle de que el expediente “está en la plataforma para la firma, con toda la documentación correspondiente”. Ha relatado que el entonces secretario general le “dijo que cumplía todas las reglas legales” y que “el precio era correcto, mucho menor que en otros casos”. “Por lo tanto”, lo firmó, ha asegurado.
El exresponsable de Puertos ha subrayado que, “a toro pasado, como se suele decir, en ese momento --las mascarillas-- fueron baratas, porque según los informes que ha hecho el Tribunal de Cuentas, están muy por debajo de la media”. Ha detallado que, en los procedimientos de contratación, su papel se limita a “aceptar la oferta final”, mientras que las gestiones previas y la propuesta al presidente corresponden al secretario general, “que es de quien depende el departamento de contratación”.
Preguntado por la defensa de Ábalos sobre si se produjo algún incumplimiento por parte de la suministradora, Toledo ha contestado que no. Ha indicado que las mascarillas “se entregaron en unas condiciones muy tremendas” debido a la “falta de aviones e incluso de incumplimientos en otras partes de la administración”. Ha reconocido que uno de los lotes llegó con incidencias, pero ha puntualizado que Soluciones de Gestión repuso ese volumen.
Puertos, “un instrumento del Ministerio” en la compra de mascarillas
En su testimonio, Sánchez Manzanares ha negado haber tenido contacto con el exministro cuando tramitó la adquisición de ocho millones de mascarillas, tal y como le ha planteado el abogado de Ábalos. También ha asegurado que no recibió ninguna “instrucción” de Koldo y ha explicado que, en aquel contexto, el exasesor “estaba intentando buscar suministros, como otras muchas administraciones”.
Sobre su relación con Aldama, el ex alto cargo de Puertos ha indicado que se comunicaba con él porque, una vez realizado el pedido de ocho millones de unidades, el empresario estaba “gestionando la logística”. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha destacado que “solo 14 minutos” después de cursarse una orden inicial para cuatro millones de mascarillas se emitió otra para ampliar el lote hasta los ocho millones. Sánchez Manzanares ha manifestado que desconoce las razones de esa modificación.
Luzón ha recalcado que esa orden se remitió a Koldo y a Aldama, y el testigo ha justificado que fue así porque, en aquel momento, Puertos era “un instrumento del Ministerio”. El fiscal le ha preguntado por qué hizo llegar la nueva instrucción también al empresario y el exsecretario general ha respondido: “No sabíamos que era un competidor. En el dossier que tenemos de Soluciones de Gestión, Aldama no aparece”. Ha añadido: “Para nosotros, estaba en el Ministerio. No tenemos un solo papel que nos diga que Soluciones de Gestión es su empresa. Tenía una relación estrecha con el Ministerio y les estaba ayudando en la coordinación de los aviones”.
Respecto a las “reticencias” hacia Soluciones de Gestión a las que se ha referido Luzón, Sánchez Manzanares ha señalado que se debían al contexto de caos y a la “incertidumbre” existente en plena emergencia sanitaria. Ha defendido que la prioridad fue evitar “cualquier perjuicio económico al organismo público”, algo que, según ha dicho, se logró mediante cartas de bloqueo y ajustándose “de manera fidedigna” a la normativa de contratación para los contratos de emergencia.
Un cargo del Ministerio sostiene que Koldo no influyó en las cifras
También ha declarado como testigo Javier Sánchez Fuentefría, exdirector de Organización e Inspección en el Ministerio, quien ha relatado que pidió a las “entidades del grupo de Transportes” que le comunicasen sus “necesidades de mascarillas” y que con esos datos elaboró una hoja de cálculo. “Añadí las que transmitía la Secretaría General de Transportes, correspondientes al sector marítimo, al aéreo y al terrestre, y con eso configuré una hoja Excel que le remití a mi jefe, al subsecretario, distinguiendo cuáles eran las necesidades de mascarillas para 15 días y cuáles serían para 30 días”, ha señalado.
Interrogado por el letrado de Ábalos sobre si la propuesta de cuatro millones de mascarillas partió del entonces subsecretario de Estado de Transportes, Jesús Manuel Gómez, Sánchez Fuentefría ha dicho que lo desconoce: “Yo sé que cuando pasé la hoja de cálculo, venían cuatro millones para 15 días y ocho millones para 30 días”. Ha apuntado que no sabía cuántas se acabarían adquiriendo, aunque el subsecretario le trasladó que “la intención era comprar cuatro en un primer momento y luego comprar el resto”.
A preguntas de la abogada de Koldo, el exdirector ha explicado que no tenía conocimiento de “si había empresas que querían licitar por una cantidad o por otra” cuando realizó las previsiones para 15 o 30 días. En este sentido, ha afirmado que el exasesor no intervino en las cifras que incorporó a esas estimaciones y ha rematado: “No, en absoluto”.