El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila ha decidido extender por seis meses adicionales la indagación sobre varios empleados del Centro Penitenciario de Brieva acusados de, presuntamente, haber tenido relaciones sexuales con la interna Ana Julia Quezada a cambio de ciertos beneficios, incluyendo la entrega de un teléfono móvil a la asesina del niño Gabriel Cruz.
El magistrado encargado del caso emitió un auto este lunes, según documentos obtenidos por Europa Press, donde argumenta que la ampliación del plazo se justifica “ante el estado de las actuaciones aún pendientes de practicar por razones objetivas, siendo la misma necesaria para poderse completar la instrucción y poder dictar con plenitud de elementos valorativos la resolución correspondiente de las previstas en el artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
Esta decisión sigue a las declaraciones recientes en sede judicial, específicamente el pasado 27 de junio, incluyendo la de un educador del centro, quien mencionó que Quezada amenazó con “hundir” el centro con la difusión de vídeos sexuales suyos y de varios empleados si no se gestionaba su traslado a Barcelona. Según el educador, esta era una estrategia de Quezada para conseguir su traslado a un penal en Barcelona, donde vive su novia, intentando usar como presión la revelación de los vídeos íntimos.
En esa misma fecha, A.M.H, ex cocinero del penal y uno de los supuestos implicados, testificó como investigado negando las acusaciones y sugiriendo que las insinuaciones de Quezada no fueron correspondidas. Destacó que en una ocasión Quezada le solicitó que contactara a su novia para pedirle ropa de abrigo, un favor que al parecer resultó en que la novia recibiera un smartphone.
Patricia Ramírez, madre del niño asesinado y parte de la acusación popular, ha insistido en la relevancia de obtener testimonio de otra interna con posibles pruebas incriminatorias, aunque su declaración fue previamente descartada. Otro funcionario investigado, S.T, ya había declarado negando su participación en los hechos ante el juez, en el contexto de una investigación por un presunto delito de cohecho que ha llevado a varios funcionarios a ser suspendidos de sus funciones dentro del penal.