QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Cinco familiares de origen marroquí, entre ellos cuatro hermanos y su madre, han aceptado una pena de dos años de cárcel cada uno por la explotación de compatriotas ‘sin papeles’ en tareas agrícolas en Valladolid y zonas adyacentes. El acuerdo alcanzado con la fiscalía y la acusación particular, representada por la Seguridad Social, ha evitado la celebración del juicio.
Gracias a este pacto, la condena inicial de cinco años y medio se redujo significativamente. Además, la ejecución de la pena de cárcel queda en suspenso durante cinco años, siempre y cuando no incurran en nuevos delitos. Según declaraciones recogidas por Europa Press, la sentencia anticipada ‘in voce’ impone también multas considerables y la pérdida de beneficios fiscales y subvenciones por tres años.
El magistrado presidente de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid ha dictado que cada acusado abone, además de la multa, 205.000 euros en concepto de responsabilidad civil a la Seguridad Social, descontando los 20.000 euros ya pagados, lo cual constituye una atenuante por reparación del daño.
Los condenados, que mantendrán un pago mensual de 400 euros, deberán permanecer a disposición del tribunal y comunicar cualquier cambio de residencia como parte de las condiciones para evitar la prisión. La Fiscalía de Valladolid había solicitado inicialmente una pena más severa por la creación de una apariencia de cumplimiento legal mientras evadían responsabilidades fiscales y laborales.
