Familiares del fallecido en Vitoria expresan su indignación por la libertad provisional del acusado

La familia del joven que perdió la vida frente a la discoteca Mítika en Vitoria-Gasteiz en febrero, tras ser agredido por un portero, ha expresado su “profunda preocupación y desasosiego” tras el fallo de la Audiencia Provincial de Álava que permite la libertad provisional del implicado bajo fianza.

En una declaración, los parientes de la víctima criticaron que la decisión judicial “minimiza la gravedad de los hechos y presenta serias deficiencias en la valoración de las pruebas”, en puntos críticos como “la autopsia, la secuencia de la agresión, la indiferencia con la que el asesino abandona la escena y la conciencia de la letalidad de un puñetazo de esa naturaleza”.

Según ellos, la Audiencia no ha valorado correctamente aspectos fundamentales como la intensidad del impacto, la zona afectada y las consecuencias inmediatas, que incluyeron “el desmayo instantáneo del joven, la fractura de su mandíbula superior e inferior y la incrustación de trozos de hueso en su lengua”. Los familiares describen el ataque como “súbito y violento, dirigido a un área vital, sin provocación alguna por parte de la víctima, y realizado mediante engaños y aislamiento social”.

Además, denuncian que la agresión tuvo lugar “bajo un control total de la situación por parte del agresor, en una zona previamente identificada como problemática por otras víctimas y autoridades, cuya actividad continuó permitida de forma incomprensible por los entes locales”. Critican también la “falta de análisis sobre la alevosía” en el fallo, un elemento “no estudiado seriamente, a pesar de ser reconocido incluso por el fiscal en su reciente declaración ante el juez instructor”.

Finalmente, rechazan que el auto considere la fuga inmediata del agresor como un comportamiento normal y justificable, y cuestionan que la fianza de solamente 6.000 euros resulte “completamente desproporcionada”, afirmando que esto representa “un riesgo evidente de fuga”. La familia está considerando apelar ante el Tribunal Supremo y otras medidas legales para “corregir las deficiencias” observadas en la resolución.