QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Asociación Verdad y Justicia tiene previsto pedir al titular del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid que emita de manera inmediata una orden de busca y captura contra los exaltos cargos de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y Pablo Busca, después de que no hayan comparecido a su citación como investigados en una de las piezas abiertas por el caso de las residencias.
Esta citación se enmarca en uno de los procedimientos que analiza la posible denegación discriminatoria de atención sanitaria a personas mayores en residencias durante la primera ola de la covid, a raíz de la querella presentada por una familia afectada.
Para la sesión de esta mañana estaban llamados a declarar Carlos Mur, firmante del protocolo y entonces director general de Coordinación Sociosanitaria; Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo del documento y sucesor de Mur en ese mismo cargo; y Pablo Busca Ostalaza, que fue el máximo responsable del SUMMA 112 en plena pandemia.
Las comparecencias formaban parte de una jornada clave para tratar de reactivar una instrucción que llevaba meses prácticamente detenida por los conflictos de competencia entre distintos juzgados de Madrid. Varios magistrados se inhibieron en favor del Juzgado de Instrucción número 3 con la intención de acumular los hechos en una macrocausa, pero este juez rechazó la acumulación y ahora la decisión está pendiente de la Audiencia Provincial de Madrid.
El procedimiento en cuestión investiga el fallecimiento del padre de Ángela Armingol en la residencia Amavir Valdebernardo, uno de los episodios vinculados al llamado Protocolo de Coordinación Sociosanitaria, cuya aplicación y consecuencias están bajo el foco de la Justicia.
Finalmente, solo han declarado Francisco Javier Martínez Peromingo y el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón. Ante la ausencia de los otros dos investigados, la letrada de la acusación, Alejandra Jacinta, ha anunciado que pedirá formalmente que se acuerde su busca y captura.
Según ha detallado la abogada ante los medios, los funcionarios judiciales habrían intentado notificar la citación a ambos investigados «en tres o cuatro ocasiones» sin lograrlo. «El juzgado afirma que no ha sido posible localizarlos. No podemos entender cómo estas personas pueden seguir eludiendo la acción de la justicia», ha manifestado, calificando lo ocurrido como una «burla» al sufrimiento de las familias y al propio proceso judicial.
Los tres mismos investigados vuelven a estar citados mañana en otra causa relacionada, que se instruye en los juzgados de Collado Villalba.
Protocolos bajo sospecha
Durante su declaración, Martínez Peromingo habría admitido que los protocolos remitidos a los geriatras eran «discriminatorios» y que él mismo lo comunicó por escrito en varias ocasiones a Carlos Mur, entonces responsable de Coordinación Sociosanitaria.
Ha indicado igualmente que su intervención se habría limitado a revisar borradores y que la redacción de los documentos partió de Mur, subrayando además que las residencias no estaban medicalizadas. Niega haber participado en el diseño de la estrategia de dichos protocolos.
«Queremos que todas las personas declaren para ver qué responsabilidades hay. Es evidente que una persona como director general toma esas decisiones no por si solo. Puede tirar de la manta pero tiene que dejar de eludir la acción de la Justicia», ha insistido la abogada al término de la comparecencia.
Criterios clínicos y reclamación de responsabilidades
Por su parte, el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón ha manifestado que no tuvo conocimiento de ningún protocolo de exclusión hospitalaria y que, durante la pandemia, se limitó a aplicar sus propios criterios clínicos. Ha reconocido que el paciente afectado en este procedimiento no fue derivado al hospital, aunque no ha podido concretar con precisión el diagnóstico.
Tras las declaraciones, la hija del residente fallecido ha expresado su malestar por la incomparecencia de los dos exaltos cargos y ha reclamado que se depuren responsabilidades tanto políticas como administrativas.
«Llevamos casi seis años esperando justicia. Esto no es solo por mi padre, sino por miles de personas que murieron en abandono», ha declarado a la salida de los juzgados.
Para la acusación particular, la reiterada ausencia de Mur justifica la petición urgente de órdenes de búsqueda y captura, una medida que deberá ahora valorar el juez instructor del caso.
