QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Asociación Verdad y Justicia tiene previsto pedir al titular del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid que dicte de manera inmediata una orden de busca y captura contra los exaltos cargos de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y Pablo Busca, después de que no hayan acudido a su citación como investigados en una de las causas abiertas por el caso de las residencias.
La comparecencia se enmarca en uno de los procedimientos penales en curso en los que se analiza la presunta denegación discriminatoria de atención sanitaria a personas mayores en residencias durante la primera ola de la pandemia, a raíz de una querella presentada por una familia.
Para esta mañana estaban llamados a declarar Carlos Mur, firmante del protocolo y entonces director general de Coordinación Sociosanitaria; Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado ideólogo del mismo y sucesor de Mur en el cargo; y Pablo Busca Ostalaza, quien fue el máximo responsable del SUMMA 112 en los meses más duros de la crisis sanitaria.
Estas declaraciones se consideraban clave para reimpulsar una instrucción que ha permanecido meses prácticamente paralizada por los conflictos de competencia entre varios juzgados de Madrid. Algunos magistrados se inhibieron en favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid con la intención de acumular los hechos en una macrocausa, pero este rechazó la acumulación y ahora la cuestión está pendiente de resolución en la Audiencia Provincial de Madrid.
El procedimiento en cuestión investiga el fallecimiento del padre de Ángela Armingol en la residencia Amavir Valdebernardo, uno de los episodios vinculados al denominado Protocolo de Coordinación Sociosanitaria, cuya aplicación está siendo objeto de análisis por parte de la Justicia.
Finalmente, solo han declarado Francisco Javier Martínez Peromingo y el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón. Ante la incomparecencia de los otros dos citados, la letrada de la acusación, Alejandra Jacinta, ha avanzado que solicitará formalmente que se acuerde su busca y captura.
La abogada ha relatado ante los medios que los funcionarios judiciales habrían tratado de notificar la citación a ambos investigados «en tres o cuatro ocasiones» sin conseguirlo. «El juzgado afirma que no ha sido posible localizarlos. No podemos entender cómo estas personas pueden seguir eludiendo la acción de la justicia», ha manifestado, calificando la situación de «burla» al sufrimiento de las familias afectadas y al propio procedimiento judicial.
Para mañana figuran de nuevo citados los mismos tres investigados en otra de las causas que se tramitan en los juzgados de Collado Villalba.
PROTOCOLOS “DISCRIMINATORIOS”
Durante su declaración, Martínez Peromingo habría admitido que los protocolos remitidos a los geriatras eran «discriminatorios» y que él mismo lo advirtió en varias ocasiones por escrito a Carlos Mur, entonces máximo responsable del área.
También ha indicado que su intervención se limitó a revisar borradores, insistiendo en que la redacción de los documentos partió de Mur y subrayando que las residencias no estaban medicalizadas. Rechaza haber participado en el diseño de la estrategia de dichos protocolos.
«Queremos que todas las personas declaren para ver qué responsabilidades hay. Es evidente que una persona como director general toma esas decisiones no por si solo. Puede tirar de la manta pero tiene que dejar de eludir la acción de la Justicia», ha señalado la abogada al término de la sesión.
CRITERIOS CLÍNICOS
Por su lado, el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón ha asegurado que no tuvo conocimiento de ningún protocolo de exclusión hospitalaria y que, durante la pandemia, se limitó a aplicar sus propios criterios clínicos. Reconoció además que el paciente de este caso no fue derivado al hospital, aunque no pudo concretar con precisión el diagnóstico.
Tras las declaraciones, la hija del residente fallecido ha mostrado su indignación por la ausencia de los dos exaltos cargos y ha insistido en la necesidad de depurar responsabilidades, tanto políticas como administrativas.
«Llevamos casi seis años esperando justicia. Esto no es solo por mi padre, sino por miles de personas que murieron en abandono», ha expresado a la salida de los juzgados.
Para la acusación particular, la reiterada incomparecencia de Mur respalda la petición urgente de órdenes de búsqueda y captura, una medida que deberá ser ahora valorada por el juez instructor.
