QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Audiencia Nacional ha programado las sesiones del juicio del ‘caso Efial’ para los meses de septiembre y octubre del año 2026, donde se abordarán alegaciones sobre servicios no autorizados entre una consultora y diversos ayuntamientos en Cataluña, buscando eludir la supervisión de funcionarios y modificar los procesos de licitación.
Un grupo de casi 20 individuos enfrenta acusaciones por presunta prevaricación administrativa y desvío de fondos públicos, relacionados con un fraude estimado en más de 8 millones de euros.
Los implicados deberán comparecer en el tribunal los días 14, 15, 16, 17, 28, 29 y 30 de septiembre y 1, 13, 14 y 15 de octubre del próximo año, conforme a una providencia revelada por Europa Press.
Entre los acusados figuran el creador de la consultora, Antonio Martos, y exalcaldes como Andreu Martí, de L’Ametlla de Mar; Daniel Masagué, de Torredembarra; Josep Jaume Castellnou, de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, y Rafael Vidal, de Ascó.
Se afirma que el supuesto fraude impactó principalmente en ayuntamientos de Tarragona, incluyendo L’Ametlla de Mar (4.585.746 euros), Ascó (2.023.143 euros), Tortosa (1.055.130 euros), Torredembarra (504.321 euros), Vandellòs (199.800 euros) y Cambrils (13.700 euros). También se menciona afectación en el Ayuntamiento de Barcelona (84.960 euros) y otros municipios de Barcelona y Lleida.
Según la investigación del Juzgado Central de Instrucción Número 4, la consultora Efial ofreció servicios que permitían ‘contradecir los previamente emitidos por parte de los órganos fiscalizadores (interventor y secretario)’, lo que presuntamente llevó a la firma de contratos de manera ilícita.
Los informes emitidos por profesionales vinculados a Efial buscaban ofrecer ‘una aparente cobertura de legalidad a determinadas decisiones y resoluciones que se han mostrado contrarias a derecho’, según el juez que dirige el caso. Se habla también de una supuesta colaboración en reuniones para alterar licitaciones y concursos públicos, describiendo a la consultora como un ‘ayuntamiento paralelo’ que escapaba progresivamente del control administrativo.
Para lograr estos fines, se utilizó la figura de la Entidad Pública Empresarial (EPE), facilitando una gestión más laxa y evitando normativas estrictas de contratación pública, lo que beneficiaba tanto a Efial como a los profesionales contratados.
