Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha respaldado la iniciativa del Gobierno de ‘transformar’ el sistema judicial, lo que facilitará la solución a los ‘cuellos de botella’ existentes y permitirá que los jueces y magistrados en España ‘tengan una carga de trabajo más razonable’.
Estas declaraciones las ha realizado en la Subdelegación de Gobierno en Vizcaya, previo a su participación en la inauguración del Año Judicial 2025-2026 en Bilbao.
Durante su recorrido por varias comunidades autónomas en las aperturas judiciales, Bolaños ha destacado la importancia de conocer ‘de primera mano’ las necesidades específicas de la justicia en cada territorio. Ha elogiado a los presidentes de los TSJPV y las salas de gobierno, calificándolos de ‘verdaderos expertos en la realidad de la justicia’.
El ministro ha recordado que durante esta legislatura se está ejecutando la ‘mayor transformación de la Justicia’ en décadas, con la aprobación en 2024 de tres leyes clave de eficiencia: digital, organizativa y procesal. ‘Aprobamos las tres leyes a través de un Real Decreto Ley y a través de la ley orgánica de eficiencia del servicio público de la justicia, ley que es una realidad y que es la ley orgánica 1/2025. Esto es una transformación estructural en la planta judicial’, ha explicado.
Esta reforma ha incluido la eliminación de los juzgados unipersonales, vigentes desde 1835, y la creación de tribunales de instancia, que ofrecen ‘mayor flexibilidad’ y una respuesta más eficaz a los ‘cuellos de botella’. Bolaños ha destacado que el coste de asignar un juez o magistrado a un tribunal de instancia es ahora considerablemente menor, permitiendo la creación de seis nuevos puestos por el precio de uno anteriormente.
Finalmente, Bolaños ha destacado la importancia de la flexibilidad y eficiencia para que la justicia, como poder del Estado y servicio público, responda de manera ‘rápida y ágil’ a las necesidades de los ciudadanos. Además, ha mencionado que la Ley de ampliación y reforzamiento de la carrera fiscal y judicial permitirá aumentar en 2.500 el número de jueces y fiscales en tres años, marcando ‘la mayor oferta de empleo público para jueces y fiscales de la historia de la democracia’.