El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha declarado que la propuesta de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) «no tiene nada que ver con ninguna causa abierta» que comprometa al Ejecutivo, y ha reprochado a Sumar, su socio en el gobierno, por apoyar la no restricción de las acusaciones populares, «la misma posición que Vox».
En su intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso, Bolaños ha presentado el proyecto, promovido por el Consejo de Ministros y que espera aprobación de las Cortes, el cual modifica la dirección de las investigaciones penales, actualmente lideradas por jueces de instrucción, para ser gestionadas por fiscales. Este cambio también incluirá que el mandato del fiscal general del Estado no coincida con el del Gobierno y restringirá las acusaciones populares excluyendo a los partidos políticos.
«La reforma de la LECrim no tiene nada que ver con ninguna causa hoy abierta, absolutamente nada», aseguró Bolaños, subrayando la urgencia de aprobar esta ley para mejorar la eficiencia de la justicia española. Además, negó que la reforma pretenda «proteger» al presidente Pedro Sánchez, afirmando que la ley entraría en vigor el 1 de enero del 2028 y sería aplicada por un fiscal general nombrado por el gobierno elegido en las elecciones de 2027.
El ministro también ha resaltado el carácter «más garantista» del nuevo sistema que contempla tres jueces en el proceso antes de emitir una sentencia, y defendió la limitación de las acusaciones populares, una práctica que, según él, no se encuentra en otros países europeos excepto en Andorra. Bolaños ha mencionado que esta restricción responde a «sugerencias de modificación» del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional para evitar «usos espúreos» de esta figura legal por parte de «organizaciones ultraderechistas».
En cuanto a la autonomía del Ministerio Público, Bolaños ha indicado el refuerzo de esta independencia mediante la modificación del Estatuto Orgánico de la Fiscalía, que incluye una duración de cinco años para el mandato del fiscal general, desvinculado totalmente del Gobierno y no renovable.
Desde la oposición, PP y Vox han criticado que la nueva ley concentra más poder en el fiscal general del Estado, y el diputado de Junts, Josep Pagès, ha cuestionado la presentación de la reforma en un momento que considera inoportuno. Sumar, por su parte, ha expresado su desacuerdo con la limitación de los sujetos que pueden ejercer la acusación popular, mientras que Santiago de IU ha criticado la comparación que Bolaños ha hecho con Vox, destacando las diferencias sustanciales entre ambos.