Las magistradas Ana Ferrer y Pilar Teso han decidido retirar sus postulaciones a las presidencias de las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, allanando el terreno para que Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, hasta ahora presidentes interinos, sean ratificados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se había encontrado con dificultades para concretar estos nombramientos, de acuerdo con informaciones de fuentes legales.
Según lo reportado por fuentes a Europa Press, esta decisión responde a la imposibilidad de que los grupos progresista y conservador del CGPJ, que se encuentran en un empate de diez vocales cada uno, lleguen a un acuerdo sobre estos cargos que se encuentran bloqueados desde octubre pasado y que estaban programados para revisarse en el Pleno ordinario del 23 de julio.
«Dado el tiempo transcurrido sin que la convocatoria se haya resuelto, y ante la incapacidad de ese Consejo para aunar los consensos necesarios a favor de alguno de los dos candidatos en liza, el mismo interés de servicio público que me animó a presentarme a la convocatoria, me anima ahora a renunciar», expresó Ferrer en una carta enviada a la presidenta del CGPJ y del TS, Isabel Perelló.
En su carta, Ferrer manifiesta que «ninguna de las salas» del Supremo, «pero aún menos la Sala Segunda, dada la naturaleza de los asuntos de los que conoce, merece perpetuar su funcionamiento con una presidencia en funciones».
Con la desvinculación de Ferrer y Teso, se facilita el camino para que Martínez Arrieta y Lucas, apoyados por el sector conservador, sean instaurados en sus respectivos puestos, lo que requerirá de un acuerdo mayoritario de 13 votos.
Este movimiento podría cerrar un periodo de interinidad iniciado en diciembre de 2022 en la Sala Tercera y en diciembre pasado en la Sala Segunda, tras la culminación del segundo mandato de Manuel Marchena.















