QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La consultoría creada por el antiguo ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, conocida como Equipo Económico (EE), ha expresado de manera ‘tajante’ y ‘rotunda’ que no ha formado parte de ninguna trama ilícita. Un pronunciamiento que se produce tras la reciente imputación del exmiembro del PP por supuestamente modificar legislaciones a favor de compañías gasísticas, según un juez de Tarragona.
‘Equipo Económico niega de forma tajante y rotunda haber pertenecido a ninguna organización o trama encaminada a obtener modificaciones legislativas favorables para las empresas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM)’, indicó la empresa mediante una nota de prensa, subrayando que Montoro ‘dejó’ la firma a inicios de 2008 y desde entonces, ‘ha permanecido completamente desvinculado de la firma’.
Además, la firma ha criticado ‘la indefensión’ que considera haber experimentado al estar el caso judicial bajo secreto durante siete años, ‘algo absolutamente anómalo’ y la falta de permiso para formar parte del procedimiento judicial para defender sus derechos, ‘pese a haberlo solicitado con carácter reiterado desde octubre de 2023’, tras enterarse por los medios sobre la investigación.
ASESORAMIENTO JURÍDICO-TRIBUTARIO PARA AFGIM
La consultoría ha detallado que fue contratada por AFGIM para llevar a cabo ‘un asesoramiento jurídico-tributario de carácter estrictamente técnico’, que incluía ‘un análisis de la viabilidad de la plena aplicación de las previsiones de la Directiva europea 2003/96/CE’ que ‘permitía que los Estados exoneraran o moderaran del impuesto a las actividades industriales intensivas en el consumo de electricidad, para mantener la competitividad de la industria’.
EE ha enfatizado que el análisis se realizó junto a una consultora (Big Four) y abarcó tanto la Directiva Europea como su aplicación en otros Estados Miembros y su posible inclusión en la legislación española.
El despacho ha manifestado su ‘plena disposición’ para colaborar con la justicia y ‘esclarecer los hechos que falsamente se le imputan’, además de reservarse el derecho a emprender ‘cuantas acciones legales sean precisas en defensa del buen nombre y prestigio profesional tanto de la firma como del conjunto de profesionales que la integran’.
